Tipificar como delito el reclutamiento de menores para actividades ilícitas, con penas de 10 a 20 años, propusieron senadores de PAN y PRD en dos iniciativas presentadas ayer durante la sesión, en la que legisladores de todas las fuerzas políticas despidieron al morenista Julio Menchaca, que ayer pidió licencia para contender por el gobierno de Hidalgo.

En tribuna, la senadora panista Indira de Jesús Rosales presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Víctimas, la Ley General del Sistema Integral de Justicia Penal, entre otros ordenamientos, para tipificar el delito de reclutamiento de menores perpetrado a través de conductas relacionadas con grupos armados y/o de la delincuencia organizada.

Plantea que “comete el delito de corrupción de menores quien reclute a uno o varios niños, niñas o adolescentes, plantea incluir la realización de conductas relacionadas con grupos armados y/o de la delincuencia organizada como un acto considerado como delito de corrupción de menores y además imponer pena de 10 a 20 años de prisión y de mil a 20 mil días de multa a quien cometa ese delito”.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, también presentó una iniciativa parecida. Señaló en el pleno que, ante la falta de un tipo penal y en seguimiento a recomendaciones internacionales, se propone derogar, adicionar y reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para tipificar el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Mancera indicó que “es necesario porque hoy no lo tenemos, hoy tenemos corrupción de menores, pero no tenemos este tipo penal, que es un tipo penal distinto, utilización o reclutamiento de personas menores de 18 años o personas menores de 18 años con discapacidad para efectos de asociación delictuosa o bien delincuencia organizada”.

Esta iniciativa también contempla una sanción penal de 10 a 20 años de prisión, castigo que podría llegar a 30 años cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública o que dicho reclutamiento recaiga sobre niñas, niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad.