La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas a la legislación electoral para desindexar del salario mínimo el cálculo de las sanciones a los partidos políticos y fijar diversas obligaciones electorales, como el gasto destinado a las campañas.
El panista Felipe Fernando Macías Olvera explicó que con las modificaciones a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se utilizará la unidad de medida y actualización (UMA) para hacer los cálculos referidos en lugar del minisalario.
Consideró que este es un gran beneficio para la ciudadanía, ya que se tendrán campañas electorales más baratas y con ello se da un paso importante para dejar de lado el despilfarro y el gasto excesivo en el proselitismo.
Ante el pleno camaral, que previamente dedicó un minuto de aplausos en memoria del compositor Rubén Fuentes, recientemente fallecido, recordó que el salario mínimo se ubica en 172 pesos, mientras la UMA, en 96, de manera que se podrán tener campañas más austeras y que los recursos que ya no se utilizarán en el rubro electoral vayan a seguridad, empleo y en general a la economía.
El proyecto de reforma, que se avaló por 486 votos a favor, cero en contra y una abstención y pasa al Senado para su análisis, tiene como objetivo atender la desindexación del salario mínimo aprobada desde 2016, subrayó el diputado.
Por otra parte, se aprobaron modificaciones al Código Penal Federal para catalogar como corruptor de menores a quien obligue, induzca o facilite el consumo de tabaco en niños y adolescentes. La diputada morenista Laura Imelda Pérez señaló que este cambio sentará las bases legales para penalizar a quien incurra en ese delito.
Asimismo se hicieron modificaciones al código a fin de aumentar las penas de prisión para quien cometa abuso sexual contra menores de 15 años o de una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho. También, cuando el agravio sea perpetrado por algún familiar de la víctima, algún servidor público y por quien abuse de la custodia y confianza en la guarda o educación de los menores. La penalidad aumentará si se suministra a la víctima alguna sustancia estupefaciente y sicotrópica contra su voluntad o sin su consentimiento.
La panista Rocío Reza expuso que se tendrá una “penalidad mayor de hasta en una mitad en su mínimo y máximo a la de seis y 13 años de prisión”. Las dos reformas al código penal igualmente pasan al Senado para su análisis.
