Febrero es un mes cargado de fechas oficiales relacionadas con lo militar, así que abundan los discursos, las ceremonias y los actos con contingentes vinculados con las fuerzas armadas, en sus vertientes de tierra, mar y cielo. Los presidentes de la República en turno suelen elogiar la lealtad y el patriotismo de tales uniformados, anunciando a veces algún incremento salarial o beneficio que les incentive, y ellos, por voz de sus jefes, reiteran lo propio, en una rutina sabida.

Pero nunca había tenido ese gremio, en la etapa posrevolucionaria, tantas concesiones y expansión como ha sucedido en lo que va del sexenio encabezado por alguien que como candidato había ofrecido devolver a los militares a sus cuarteles. En son de broma, ha de suponerse, se dice que si la selección de futbol profesional sigue batallando para obtener su prefigurado boleto para el siguiente mundial, el gobierno obradorista podría encargar el asunto a los mandos de color verde olivo.

La encomienda de tantas tareas civiles a las fuerzas armadas, y la entrega de administración, ganancias y continuidad a largo plazo en menesteres que son ajenos a las funciones de esos cuerpos castrenses, pretende ser entendida en algunos ámbitos como un aprovechamiento “normal” de esos recursos para solucionar problemas que la política y la sociedad civil no logran destrabar.

La seguridad pública, por ejemplo, ha sido virtualmente escriturada a los cuerpos militares, que ocupan las secretarías correspondientes en los estados y que a nivel nacional manejan la Guardia Nacional sin recordar las promesas originales de su progresiva evolución hacia lo civil. Todo lo contrario, ahora abiertamente se plantea como reforma constitucional estratégica el formalizar lo antes tan negado: que esa Guardia fue y es absolutamente militarizada, una extensión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ayer, en uno más de los actos de este mes del soldado, el presidente López Obrador anunció un paso más en la progresividad militar que algunos seguidores de la llamada 4T se niegan a reconocer como un proceso acelerado de militarización. El dinero público invertido en obras de interés social es entregado a los militares, entendidos como estamento, como clase aparte.

Así lo dijo el Presidente: “Se tomó la decisión de crear una nueva empresa llamada Olmeca, Maya Mexica, la cual va a manejar este aeropuerto civil (Felipe Ángeles); el de Tulum, el de Chetumal y el de Palenque. Esa misma empresa va a manejar los mil 500 kilómetros del Tren Maya y esa empresa, que va a depender de las fuerzas armadas, va a destinar 75 por ciento de sus utilidades para las jubilaciones de marinos, de soldados, de integrantes de las fuerzas armadas”.

Históricamente, nada exime a los mandos militares de los vicios del sistema ¿anterior? del que fueron vigorosa y entusiasta parte. Hoy, el proyecto llamado 4T depende progresivamente del apoyo, la operación y el buen entendimiento con ese estamento militar al que se cree “bueno” por una presunta ósmosis respecto al máximo gobernante civil, quien dejará como herencia este descomunal engrosamiento del tamaño y del apetito de una facción, la de las armas, a la cual no se ha podido regresar a sus cuarteles y tampoco será fácil regresarla a la talla y los estados financieros (con manejos y ganancias sometidas a la discrecionalidad de la “seguridad nacional”) anteriores al actual gobierno obradorista.

Astillas

El gobierno español respondió con fuerza a la propuesta andresina de establecer una “pausa” en la relación con ese país. Mediante un comunicado, estableció que “rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas”... Y, mientras ha sido asesinado otro periodista, Heber López Vásquez, en Salina Cruz, Oaxaca, ¡hasta el próximo lunes!

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