La madrugada del martes, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Froylán Carlos Cruz, ex comisionado de la policía estatal de Oaxaca, quien fue remitido al Centro Federal de Readaptación Social número 13, en el municipio de Miahuatlán. Cruz, cuya situación jurídica será definida hasta el próximo lunes, es la tercera persona arrestada por los hechos del 19 de junio de 2016, cuando elementos policiacos estatales y federales embistieron contra las personas que mantenían un bloqueo carretero a la altura de Asunción Nochixtlán, en rechazo a la reforma educativa impulsada por los partidos del Pacto por México (PRI, PAN y PRD). En septiembre de 2021, fueron aprehendidos el director de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal en 2016, Juan P. A., y uno de los uniformados que se encontraban al frente del fallido operativo de desalojo.
El dirigente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), Santiago Ambrosio, calificó la captura del ex mando como un avance en la justicia, pero también recordó que falta mucho por hacer en el esclarecimiento de uno de los más brutales episodios de represión cometidos en el sexenio anterior. Para el activista, no basta con castigar a los policías y mandos involucrados, sino que “la investigación debe llegar hasta quienes ordenaron el desalojo”.
No se puede olvidar que la presencia de la extinta Policía Federal y su división de Gendarmería fue solicitada por el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo (Movimiento Ciudadano), ni que en torno a lo ocurrido se extendió un manto de impunidad inexplicable sin la complicidad de las más altas instancias locales y nacionales. Desde un inicio, las investigaciones emprendidas por las instancias de procuración de justicia estuvieron encaminadas no a dilucidar los hechos, sino a exonerar a los agresores y criminalizar a las víctimas. Por todo ello, los sucesos de aquel 19 de junio han sido caracterizados como un crimen de Estado, y se ha exigido que en las indagatorias se le trate como tal.
La masacre de Nochixtlán no puede entenderse fuera del contexto de persecución política, judicial y mediática urdida contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por los promotores –dentro y fuera de la administración peñista– de la ofensiva laboral y privatizadora disfrazada de reforma educativa. En una perspectiva más amplia, el nivel de violencia alcanzado contra los docentes y su entorno social de apoyo durante el último sexenio priísta fue posible gracias a una coalición mediático-empresarial dedicada a estigmatizar al magisterio democrático, por lo que para hablar de plena justicia en torno a este caso es necesario procesar a los responsables directos, pero también reivindicar a los docentes largo tiempo vilipendiados desde el poder político y económico.
