Ciudad de Guatemala. Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos expresaron este viernes su preocupación por la detención de la integrante de una comisión antimafias, adscrita a la ONU, que funcionó en Guatemala desde fines de 2006 hasta 2019.

El jueves, la abogada Leyli Santizo, quien fue mandataria la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fue detenida bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia.

En tanto, la ex fiscal que integró la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Eva Xiomara Sosa, quien también tenía orden de captura, se presentó ante tribunales pero fue liberada.

"La investigación es por cooptación y corrupción judicial (…) El caso está bajo reserva", dijo a la AFP el vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón.

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres tomó con "preocupación" la detención, indicó en un comunicado desde Nueva York su portavoz, Stéphane Dujarric.

"El Secretario General recuerda que los procesos judiciales deben cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso", agregó.

Según el jefe de la diplomacia estadunidense para las Américas, Brian Nichols, "las acciones de la Fiscal General de Guatemala contra fiscales anticorrupción actuales y antiguos, continúan un patrón de intimidación y venganza contra personas responsables de combatir la impunidad".

Al ser ingresada a los tribunales, Santizo aseguró a periodistas que su detención era motivada por "represalias" y que ella no había cometido "ningún acto delictivo".

Según el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, la detención ocurre "en un contexto de persecución espuria contra jueces, magistrados y fiscales que dieron una contribución relevante a la lucha contra la corrupción y la impunidad".

A mediados del año pasado, Washington suspendió la cooperación con la Fiscalía de Guatemala, después de la destitución del entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien huyó del país temiendo por su seguridad.

Estados Unidos además dijo entonces que le perdió la "confianza" a la Fiscal General, Consuelo Porras.

En reemplazo de Sandoval, Porras nombró a otro fiscal, José Rafael Curruchiche, señalado por activistas anticorrupción de perseguir a opositores políticos. Es su despacho quien investiga ahora a la jurista recientemente detenida.

La CICIG, un ente adscrito a la ONU que apoyó a la Fiscalía para enjuiciar a políticos, militares y empresarios, considerados intocables, dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020), tras ser señalado de corrupción electoral por ese órgano y por la FECI.

Ambas organizaciones destaparon varios casos de corrupción, entre ellos un fraude en las aduanas que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar la estafa. Ambos fueron arrestados y aguardan juicio en prisión.