Zacatecas, Zac., El general retirado del Ejército Mexicano Froylán Carlos Cruz, detenido el miércoles pasado en la Ciudad de México, “es responsable de actos de represión” contra ejidatarios zacatecanos, pues al encabezar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en 2016 y 2017, “utilizó la política del garrote para reprimir con policías estatales a campesinos integrantes del movimiento Frente de Comunidades Afectadas por la Minería”, señaló Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas.
Carlos Cruz fue aprehendido por los homicidios de seis personas y lesiones calificadas a 28, resultado del desalojo de maestros que protestaban contra la reforma educativa en Asunción Nochixtlán el 19 de junio de 2016, cuando era comisionado de la policía estatal de Oaxaca, que intervino en esos hechos junto con la Policía Federal.
En una carta dirigida a la corresponsalía de La Jornada en Zacatecas, Pinedo Hernández recordó que el entonces gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna designó en septiembre de 2016 a Froylán Carlos al frente de la SSP, cargo en el que duró nueve meses. El Ejecutivo estatal señaló en ese momento que se envió a Carlos Cruz de Oaxaca a Zacatecas por “recomendación” de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Felipe Pinedo acotó que durante la gestión del militar policías estatales realizaron tres paros laborales y reprimieron movimientos sociales. El activista aseguró que Alejandro Tello decidió enviar la fuerza pública, a cuya cabeza estaba Carlos Cruz, para frenar a campesinos del municipio de Mazapil que repudiaban a la mina a cielo abierto Peñasquito, en ese momento operada por el consorcio canadiense Goldcorp y hoy propiedad de la firma estadunidense Newmont.
Los agricultores denunciaron que los trabajos del venero, del que se extrae oro, plata, zinc y plomo, agotaban los manantiales y pozos de las comunidades Cedros, Cerro Gordo y El Vergel, “para lixiviar 130 mil toneladas de concentrados minerales diariamente”.
Ante la protesta de los campesinos, el gobierno federal, a cargo de Enrique Peña Nieto, instaló una mesa de diálogo por conducto de la Secretaría de Gobernación, pero Tello Cristerna envió uniformados al mando de Froylán Carlos en octubre de 2016 “y se empezó a criminalizar la lucha”.
Pinedo Hernández dijo desear “que nunca más la política del garrote sea la carta de presentación de los gobiernos”.
