Estados y municipios tienen comprometidos 56 mil 655 millones de pesos para el pago de proyectos de prestación de servicios (PPS), un tipo de asociación público privada (APP) a largo plazo que ha sido criticado por la actual administración federal, dado que implica comprometer las participaciones por décadas. Incluso, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el esquema debe contabilizarse como deuda, pero suele ser presentado como inversión.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que, además de los proyectos a largo plazo que consorcios empresariales han logrado con la Federación, como los de centros penitenciarios, hay 62 más por los que autoridades locales arrastran pasivos de millones de pesos a raíz de contratar la administración de hospitales, la conservación de carreteras, de manejo de residuos o de alumbrado público, entre otros.
En una de las varias ocasiones en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha referido el tema, en octubre del año pasado dijo que las participaciones a estados se habían entregado a tiempo, pero muchos ya tienen comprometido el recurso para el pago de APP y PPS. Estos últimos –describe Hacienda– son aquellos que contratan las dependencias y entidades para dar un “mejor cumplimiento a las funciones y servicios encomendados”.
“Hay gobiernos que tienen que pagar las APP, que tienen que estar pagando de las participaciones. (...) Los hospitales, por ejemplo, el hospital de Ixtapaluca, el hospital de Zumpango, esos se deben de estar llevando 300, 400 millones (de pesos) al año”, agregó López Obrador durante una de sus conferencias matutinas.
Los datos más actualizados de Hacienda muestran que de los proyectos en que hay un “saldo por pagar de la inversión” solo 15 fueron contratados directamente por los gobiernos estatales de Puebla, Tamaulipas, Durango, Ciudad de México, estado de México, Yucatán, Nuevo León y Baja California. El resto fueron adquiridos por otras autoridades, como las judiciales, incluso hay municipios que ataron sus finanzas hasta por 30 años a una firma privada.
Por ejemplo, en Veracruz es donde más extendida se encuentra la contratación de PPS, sobre todo entre municipios, que adquirieron alumbrado y “aplicación de tecnologías en servicios públicos” bajo contratos de 12 a 25 años con la firma NL Technologies S A de CV. Tan sólo en Chiconquiaco, una demarcación que de acuerdo con informes oficiales tiene a 90 por ciento de su población en pobreza, el saldo por pagar (25 millones de pesos) es 314.87 por ciento superior al monto de inversión (6 millones).
Con datos vigentes, el contrato de PPS con un costo más elevado es el del Sistema Colectivo Metro con Mexirrc, que se extiende por 18 años y medio a cambio de 10 mil 965 millones de pesos.
El negocio garantizado por más tiempo es el que tiene la empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades, en el estado de México, por 60 años.
