El sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia aseguró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) “actúan al servicio de Grupo México”, ya que la junta especial 10 “cometió un acto ilegal” al emitir una vez más un proyecto de laudo que ordena a esta organización pagar 54 millones de dólares por presuntos adeudos con trabajadores.

En un comunicado señaló que ese proyecto emitido en enero pasado “ignora de manera arbitraria” el amparo directo que en abril de 2021 dejó sin efecto un laudo similar y ordena resolver el caso con base en 25 expedientes acumulados, de los cuales la JFCA omitió cuatro.

Tras difundirse hace unos días que con un nuevo laudo se ordenó a pagar el presunto adeudo, el sindicato minero enfatizó que “al no ser cosa juzgada, dicho proyecto no se puede ejecutar”.

La controversia data de 2004, con la privatización de la mina de Cananea, Sonora, en la que se definió que 5 por ciento de las acciones de la mina debían otorgarse a los trabajadores. Después de que Grupo México se negó a pagar ese porcentaje, se inició una huelga que duró 15 años y que concluyó con un acuerdo que definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato.

El proceso judicial derivó en 25 expedientes en total, y la junta emitió un laudo con base en 21 de ellos. En los cuatro restantes, sostuvo la organización, obran constancias de que el sindicato minero ya pagó más de 23 millones de dólares a diversos trabajadores. Además, se corrobora la existencia de más de 10 sentencias en materia penal de diversos tribunales colegiados y dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que indican que los recursos son rectoría del gremio y no de trabajadores.

El sindicato minero y su dirigente nacional, Gómez Urrutia, expresaron que “condenan la complicidad y el abuso de poder perpetuado por la JFCA y la STPS”. Cuestionaron “las intenciones” de ambas instancias, ya que “sus acciones sugieren que buscan anteponer los intereses de Grupo México a las necesidades” de los mineros de Cananea, Sonora.

“No es la primera vez que dichas instituciones, motivadas por intereses políticos y corruptos, ignoran el sufrimiento de la clase trabajadora y las resoluciones” del Poder Judicial de la Federación, indicó. Será esta autoridad la que “decida de fondo el asunto” y, como lo ha hecho en cinco ocasiones anteriores, lo hará a favor del sindicato minero, aseveró.

Asimismo, pidió a las autoridades laborales rectificar, ya que “ambas tienen conocimiento de que la participación accionaria en cuestión” corresponde únicamente al sindicato minero, “como reconoció por escrito Germán Larrea en su carácter de representante legal” de Mexicana de Cananea, en una aclaración de sentencia del juez de lo concursal en agosto de 1990.