El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió la petición de una persona a la que le fueron negados los datos con el argumento de que son información clasificada, que la Fiscalía General de la República (FGR) haga pública de manera íntegra las investigaciones de su Comisión Forense sobre el secuestro y homicidio de 72 personas migrantes indocumentadas y sobre los cuerpos de 193 personas hallados en 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, así como de los restos de 49 personas hallados en una carretera de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
Las pesquisas efectuadas por la Comisión Forense están relacionadas con hechos catalogados como violaciones graves a derechos humanos, de acuerdo con el INAI, por lo que es innegable que los nombres, edades, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, perfiles genéticos, huellas dactilares y fotografías de las víctimas, pero también de los ofendidos, de sus familiares y de los testigos son datos personales que, en principio tienen el carácter de confidencial.
Sin embargo, “se observa lo resuelto por la segunda sala de la SCJN en el amparo en revisión 998/2018, en donde se determinó dar acceso íntegro al expediente derivado de la recomendación 51/2014 que reclasificó al caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves de derechos humanos”, afirmó el comisionado Adrián Alcalá.
El INAI determinó que la información debe ser pública, por violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
