El pasado 10 de enero, fue hallado dentro del Centro de Rehabilitación Social de San Miguel, en Puebla, el cadáver de un bebé de nombre Tadeo, que con posterioridad se confirmaría que días antes fue exhumado ilegalmente del panteón San Nicolás Tolentino, de la alcaldía Iztapalapa, trasladado a Puebla e introducido en el referido penal. Hasta hoy, no hay una explicación plausible que permita entender los hechos desde su origen y las motivaciones para desenterrar el cuerpo de un menor de edad y trasladarlo a una cárcel estatal.

Ciertamente, a raíz del hallazgo y hasta el día de hoy, han sido detenidas más de 20 personas y han sido destituidos tanto el secretario como el subsecretario de Seguridad Pública y de Centros Penitenciarios en Puebla que estaban en funciones cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, en este como en muchos otros casos, la justicia no se cumple cabalmente con destituciones y detenciones, sino con la formulación y ejecución de una agenda tendiente a reformar el sistema penitenciario mexicano, a todas luces fracturado y rebasado.

La estremecedora noticia del caso Tadeo y los hallazgos revelados alrededor de este hecho son síntoma de un sistema penitenciario marcado por la sobrepoblación, por regímenes de autogobierno y por el generalizado olvido del derecho a la reinserción social. La Ley Nacional de Ejecución Penal promulgada en 2016 fijó a la reinserción social como el fin último e irrenunciable del sistema penitenciario. No obstante, su implementación permanece muy lejos de su formulación en el papel.

El Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalla que, en diciembre de 2021, 136 de los 288 centros penitenciarios a escala nacional están sobrepoblados, y Puebla se sitúa como el segundo estado con mayor sobrepoblación del país, a pesar de ser el segundo estado con mayor número de centros penitenciarios, con 22. El penal de San Miguel de Puebla, donde fue hallado Tadeo, cuenta con una sobrepoblación de 101 por ciento, es decir, alberga poco más del doble de personas de su capacidad.

La sobrepoblación y hacinamiento, más las condiciones deficientes de atención a la salud y alimentación en los reclusorios, incrementan el riesgo de autogobierno, violencia y motines, obstaculizando con ello la capacidad del sistema penitenciario para cumplir con su obligación de dar a las personas internas las condiciones y herramientas necesarias para la reinserción social.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Inegi expone que sólo 14.4 por ciento de las personas privadas de la libertad declararon sentirse seguras dentro de su celda en 2021. Este sondeo refiere, además, la violencia sistémica de la que son víctimas las personas detenidas, afirmando que 64.5 por ciento y 48.6 por ciento de ellas sufrieron violencia sicológica y física, respectivamente, después de su detención y hasta antes de ser llevadas al Ministerio Público.

La complejidad y profundidad de la crisis penitenciaria debe resolverse con un enfoque integral, pues fórmulas rápidas y simplistas como la privatización de las cárceles iniciada en 2010 han mostrado ya su ineficacia para resolver esta problemática; ello lo confirma el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, donde la diferencia en calificación entre centros penitenciarios privados y públicos es prácticamente nula. La deficiente separación entre sentenciados y procesados; el insuficiente personal de seguridad y custodia; el hacinamiento; el autogobierno, y la presencia de actividades ­ilícitas y cobros dentro de los penales, son parte de un conjunto de 20 deficiencias observadas por el organismo dentro de los centros penitenciarios del país.

El caso del niño Tadeo da cuenta de un entorno de podredumbre que va desde los panteones municipales, que dan amplios márgenes para la exhumación ilegal de un cuerpo, su traslado de una entidad federativa a otra y, peor aún, su introducción a una cárcel que, se supone, está a cargo de las instituciones del Estado mexicano. Por ello no hay duda de que los hechos deben ser investigados y sancionados, pero además resulta insoslayable la implementación y reformulación de medidas necesarias sobre el sistema penitenciario para eliminar las condiciones que reproducen y normalizan la violencia dentro de las cárceles. Se deben crear estrategias urgentes y efectivas para la despresurización de las prisiones y para el mejoramiento de sus condiciones materiales.

La finalidad última de un sistema de justicia es la prevención del delito. Entender a la prisión como reinserción requiere de un enfoque integral e interdisciplinar que permita erradicar el estado de excepción que actualmente prevalece en los centros penitenciarios. Resulta urgente el diseño de una agenda básica que impulse la reformulación de la política criminal de nuestro país, desde la investigación y sanción de los delitos, hasta la ejecución de las penas; sin dejar de lado el esperado cumplimiento del deber irrenunciable del Estado de hacer factible la reinserción social.