Buenos Aires., Mientras el gobierno argentino mantiene su protesta ante su par británico por la extensión de la base militar ubicada en el archipiélago de las Islas Malvinas, ocupadas colonialmente por Gran Bretaña desde 1833, un serio incidente entre los guardias civiles de un empresario extranjero que compró de manera ilegal más de 12 mil hectáreas en la provincia patagónica de Río Negro, y manifestantes que rechazaban la usurpación del Lago Escondido, sitio paradisiaco y reserva de agua potable, puso en evidencia la extranjerización y ocupación del riquísimo territorio de la Patagonia argentina.
Las marchas de expedición por la soberanía del Lago Escondido empezaron hace seis años, encabezadas por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca). Los manifestantes deben cruzar ahora vados y montañas, ya que el empresario británico Joe Lewis cerró todos los caminos de acceso al histórico y turístico lago.
Unas 20 personas de distintas organizaciones sociales y sindicales se sumaron a la Fipca, liderada por el ex teniente Julio Cesar Urién, quien estuvo detenido durante la última dictadura militar por su militancia en el peronismo, en una movilización el domingo pasado.
El grupo fue detenido con violencia por guardias civiles armados y a caballo, cuando transitaban por el único camino que por decisión judicial está abierto.
Entre los manifestantes estaba el médico y dirigente peronista Jorge Rachid, también asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien se descompensó durante su detención.
Esto puso en evidencia lo que sucede en Río Negro y otras provincias patagónicas, donde empresas británicas que en sus primeros momentos se hicieron pasar por argentinas, compraron de forma ilegal grandes extensiones de tierra. Es el caso de Benetton, que con la complicidad del gobierno de Carlos Menem en los años 90, adquirió 2 millones de hectáreas en el sur y hoy pretende avanzar sobre las escasas tierras que le han quedado a la comunidad mapuche, que resiste desde hace años la usurpación.
Esta es una historia del siglo XXI, que parece referirse a otros tiempos. La Patagonia está amenazada por británicos, israelíes y estadunidenses. El empresario Lewis está en el número cinco de los más ricos del mundo y también construyó una pista de aterrizaje donde pueden llegar aviones de guerra de última generación, se denuncia aquí desde hace tiempo.
El ex presidente Mauricio Macri, amigo de Lewis, pasó vacaciones en la finca del empresario cuando gobernaba este país, y durante su administración fueron ignorados, encajonados y olvidados los juicios abiertos contra esta ocupación ilegal desde 2011.
Buenos Aires fue escenario ayer de otra Marcha de Expedición por la Soberanía del Lago Escondido ante la Casa de Río Negro con las consignas: “¡fuera ingleses de nuestro territorio!” y “las Malvinas son argentinas. Lago Escondido también”, reclamando la soberanía local sobre todo el territorio de la Patagonia, y de la misma manera se reavivó el tema de la persecución contra los mapuches, que están siendo arrinconados en pocas hectáreas, después de que la ex ministra de Seguridad del gobierno de Macri, Patricia Bullrich, los calificó de “terroristas”.
En la marcha de ayer se pidió solidaridad con quienes luchan en el sur por la soberanía integral y el diputado del Parlamento del Sur, Hernán Harispe, recordó que la soberanía no se defiende a pedazos y que esta ocupación significa un enclave colonial en la Patagonia.
También se recordó en los medios locales la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, joven artesano que apoyó a los mapuches en agosto de 2017, así como el homicidio de Rafael Nahuel en noviembre de 2017, cuya comunidad defendía su derecho a la tierra usurpada.
La convocatoria fue apoyada también por organizaciones peronistas que denunciaron la actividad criminal de Nicolás van Ditmar, empresario argentino administrador de la estancia de Lewis, quien ha llegado a amenazar con sus guardias a jueces que han actuado en defensa de la soberanía nacional en el sur del país.
