Tula De Allende, Hgo., Pobladores de la localidad de Cruz Azul que resultaron afectados por las inundaciones del 6 y 7 de septiembre del año pasado quemaron en el centro de la demarcación 10 de 80 colchones que les entregó como “apoyo” el alcalde perredista Manuel Hernández Badillo, los cuales tenían el relleno podrido e “infestado de garrapatas, gusanos y chinches”.

Ante representantes de los medios de comunicación, los inconformes colocaron una decena de dichas piezas en la cancha de basquetbol de la colonia El Dengui y, antes de prenderles fuego, mostraron que parecían en buen estado, pero al quitarles la tela con que estaban forrados tenían “manchas de orina y materia fecal”.

Explicaron que después de que las lluvias causaron el desbordamiento del río Tula y las anegaciones que dañaron tanto sus viviendas como sus enseres domésticos, Hernández Badillo les envió colchones supuestamente nuevos.

Al paso de los días notaron que emitían olores nauseabundos, por lo que revisaron algunos y se dieron cuenta de estaban viejos, en malas condiciones e incluso con insectos en el interior.

“Al parecer eran de los mismos que se echaron a perder con el agua y que alguien juntó para reciclarlos cosiéndoles tela por encima, o de plano los recogieron del basurero”, denunció uno de los vecinos.

Los quejosos recalcaron que aunque los colchones son un foco de infección, algunas familias que perdieron todos sus muebles “no se han deshecho de ellos; los siguen usando porque no tienen dinero para comprar ni una cama”.

Exigieron tanto a los diputados de la actual legislatura como a los integrantes del cabildo iniciar una investigación pues, aseguraron, se utilizaron recursos públicos para comprar artículos nuevos destinados a los damnificados, quienes no los recibieron.

Manuel Hernández no ha respondido a estas acusaciones. En la página oficial del gobierno de Tula se publicó: “La presidencia municipal saluda el reclamo de trasparencia y manejo eficiente y honesto que demandan organizaciones civiles. Coincide plenamente con esas demandas por ser derecho de la sociedad y obligación de todo gobierno”.

Indicó también que debido a que el estado y el país están inmersos en un proceso electoral, existe una “veda” que le impide referirse a temas que vayan más allá de salud, educación y protección civil.

Añadió que por ese motivo cualquier solicitud de datos “se atenderá en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, respetando, como es su obligación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.