En la mañanera de ayer Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos, “reflotó” el asunto de los astilleros gallegos “rescatados” por Pemex (otro sucio negocio en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto) que en su momento causó indignación social, pero la supuesta “autoridad que procura justicia” no se tomó la molestia de realizar una mínima investigación por actos de corrupción, toda vez que en ellos aparecían involucrados integrantes del primer círculo de Los Pinos, con el serafín Juan Camilo Mouriño a la cabeza.

La anterior es una de tantas historias de “generosidad” de, al menos, Fox, Borolas y Peña Nieto con el capital español, al que le abrieron las puertas de par en par: finanzas, petróleo, gas, energía eléctrica, construcción, turismo y muchísimo más, siempre con cargo al erario, porque se dio “promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España como tres sexenios seguidos, y nuestro país llevaba la peor parte, lo saqueaban” (AMLO dixit).

La historia “reflotada” inició en julio de 2007, cuando Juan Camilo Mouriño despachaba como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Al serafín de Calderón, con la venia de éste, se le ocurrió la brillante idea de “rescatar”, con dinero de Pemex, a los astilleros Hijos de J. Barreras, ubicados en Vigo, Galicia, España, dada su muy precaria condición financiera. El “plan” incluía no sólo la “inyección” de capital, sino la compra de 51 por ciento de las acciones de la empresa gallega, la construcción de dos floteles y la generación de 4 mil empleos… en España.

Para concretar lo anterior, Juan Camilo Mouriño viajó a la tierra de sus padres (él era madrileño) para comunicar a los dueños de los citados astilleros que “mi gobierno está muy interesado en el establecimiento de acuerdos con el sector naval gallego (aunque quebrados). Queremos encargar nuestros barcos en Galicia, pero también que inversionistas gallegos puedan entrar en México para ayudarnos a desarrollar este sector” ( La Voz de Galicia, 18 de julio de 2007). Y comenzaron las “cortesías” del gobierno calderonista, aunque el serafín no pudo ver realizado su “sueño”, porque un año después perdió la vida en un avionazo.

Ello no canceló la operación: Calderón pasó la estafeta a Enrique Peña Nieto y este encargó a Emilio Lozoya concretar el negocio, lo que rápidamente hizo el hoy el inquilino del Reclusorio Norte. Todo, con enormes pérdidas para el erario mexicano e impunidad plena para los involucrados.

Octavio Romero detalló: “cuando terminaron de construirse los floteles resultó que Pemex no los necesitaba; se encargaron nada más para darles el negocio, para darles viabilidad a los astilleros y entonces se decide venderlos, porque no se requerían. Costaron alrededor de 80 millones de euros cada uno, se ofrecieron en el mercado, pero nadie quería pagar arriba de la mitad de lo que le habían costado a Pemex. No sólo se les dio dinero y se les compraron acciones, sino que se les dio un trabajo, que se cobró a sobreprecio y al final del día la empresa siempre producía pérdidas; Pemex nunca ganó un solo centavo. Fue indudablemente un pésimo negocio para Petróleos Mexicanos”.

Pero no solo los gallegos. Romero recordó a la trasnacional española Repsol. En tiempos de Fox: “proyectos para extraer gas en la Cuenca de Burgos, contratos que le daban todas las ventajas a la empresa; perforó miles de pozos para dar utilidad a la empresa; esta cobraba por la perforación; al final del día no fue exitoso y hoy conocemos la historia: Pemex importa gas”.

Uno más: “derivado de esos proyectos, cuando llegamos nos encontramos con un contrato que tenía Pemex con una empresa que había construido un gasoducto Poza Rica-Tula. ¿Cuánto gas se extraía? Nada. ¿Desde cuándo? Nunca se extrajo gas. Habían trascurrido cinco años de que se había construido el gasoducto y era un pago de 100 millones de pesos mensuales por no transportar absolutamente nada”.

Y como los citados, muchísimos casos más (Iberdrola, OHL, bancos, turismo, etcétera), todo con cargo al erario, en el entendido de que no hay negocio en el que participen que no huela a podrido.

Las rebanadas del pastel

Anuncia López Obrador que la Secretaría de Gobernación mediará entre el sindicato minero y Grupo México. Qué bueno, pero ¡sorpresa!: desde julio de 2019 eso mismo encargó a Luisa María Alcalde, y nada.