Al continuar los foros de parlamento abierto para la reforma eléctrica, Kenneth Smith, uno de los negociadores del T-Mec, y Raúl Jiménez, abogado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debatieron ayer en torno a si en el acuerdo trilateral el Estado mexicano se reservó el derecho a realizar cambios constitucionales en la materia.

Jiménez destacó que en el capítulo ocho del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, México mantuvo el derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna en el tema de los energéticos, lo que significa que la iniciativa del Ejecutivo no está constreñida por el ámbito de aplicación del acuerdo.

Esto anula cualquier intento de cuestionar la validez de la reforma a la luz del tratado comercial, señaló al explicar que ésta de ninguna manera conlleva una expropiación directa o indirecta. No se va a expropiar ni un tornillo, puntualizó.

Por su lado, Smith enfatizó que el capítulo ocho no aplica para el sector eléctrico sino para los hidrocarburos. Además, esa cláusula de ninguna manera otorga a México un cheque en blanco para violar el T-Mec a través de cambios legislativos.

Cualquier cambio constitucional o a leyes secundarias o reglamentos técnicos tiene que ser compatible con los compromisos del acuerdo, añadió.

Agregó que el T-MEC protege las inversiones en el sector eléctrico al reiterar que tal como se encuentra la iniciativa presidencial es violatoria de este tratado y podría haber represalias comerciales y demandas multimillonarias en contra del país.

La directora en México de la Cámara Estadunidense de Comercio, Ana López Mestre, se manifestó contra la reforma al estimar que cancela antes de su vencimiento, permisos y contratos sobre los cuales se hicieron inversiones muy importantes, y esto no sólo genera desconfianza entre los inversionistas sino que afecta los derechos de las partes. En los hechos se trata de una expropiación indirecta.

Para la ejecutiva del organismo empresarial, el documento contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado y cambia las reglas.

Almudena Otero de la Vega, del departamento de Arbitraje de la CFE, reviró que no tiene efectos discriminatorios, pues no favorece a inversiones de un país en particular.

Por su lado, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, expresó haber entendido las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, “en el sentido de que cualquier presidente puede promover una legislación nueva” y no como un apoyo a la reforma eléctrica.

Salazar declaró el jueves pasado que el Presidente tiene la razón en impulsar cambios legislativos. Ello le generó críticas en México y en su país.