Nueva York. Fiscales estadunidenses solicitan que un juez imponga una condena de 10 años de prisión a Iván Reyes Arzate, ex comandante en la extinta Policía Federal (PF) y subordinado de Genaro García Luna, cuando se presente para escuchar su sentencia este miércoles en un tribunal federal en esta ciudad.

Reyes Arzate es acusado de conspirar para la distribución internacional de cocaína, cargo del cual se declaró culpable en octubre de 2021, al aceptar ser responsable de confabular para importar a Estados Unidos más de 450 kilos de cocaína.

La acusación detalla que en noviembre de 2016, en su calidad de comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales de la PF, Reyes Arzate participaba en una investigación conjunta con autoridades estadunidenses sobre la banda criminal El Seguimiento 39 –asociada con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, entre otros–, con cuyos líderes se reunió. Les compartió información sobre la pesquisa conjunta y aceptó un soborno de 290 mil dólares a cambio de su colaboración.

En su recomendación al juez federal Brian Cogan (el mismo encargado del juicio pendiente de Genaro García Luna, programado para octubre), los fiscales señalan que tal condena servirá de “disuasivo” general para otros funcionarios que cometan actos corruptos en apoyo a narcotraficantes.

“Tal como sabe este tribunal, es demasiado común que agentes de la ley en México forjen alianzas corruptas con cárteles que envían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos y de forma rutinaria cometen actos de violencia horrendos. Una condena significativa demostrará que Estados Unidos permanece comprometido en las acciones para erradicar la corrupción, donde sea que exista, y a fin de evitar que los cárteles de drogas envíen cantidades masivas de drogas a Estados Unidos”, argumentan el fiscal federal Breon Peace y sus asistentes en la recomendación por escrito.

Concluye que “puesto de manera simple, el acusado optó por la avaricia y la corrupción sobre el bienestar de los ciudadanos de México y Estados Unidos”.

La Unidad de Investigaciones Especiales fue creada con apoyo del gobierno en Washington, en particular de la DEA, y conformada con personal verificado y capacitado por oficiales estadunidenses. Por lo tanto, Reyes Arzate fue uno de los principales interlocutores en las operaciones antinarcóticos bilaterales, que trabajaba directamente con agentes de la DEA en México e intercambiaba información de inteligencia con sus contrapartes estadunidenses.

Reyes Arzate fue integrante de la PF de 2003 a 2016; en 2008 fue nombrado comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales. Fue cesado poco después de su reunión con los líderes de El Seguimiento 39.

En marzo de 2017 el acusado se presentó voluntariamente ante un tribunal federal en Chicago a propósito de una acusación y orden de arresto girada el mes anterior. En julio fue formalmente acusado de obstrucción de la justicia y en 2018 Reyes Arzate decidió no apelar los cargos y fue sentenciado a 40 meses de prisión.

El 23 de enero de 2020, cuatro días antes de cumplirse el plazo para salir de la cárcel y ser deportado a México, se presentaron los nuevos cargos que ahora enfrenta en Nueva York. Ha permanecido encarcelado hasta la fecha.