Cananea, Son., /II Hija de uno de los mineros que desde hace casi 15 años se mantienen en huelga, Viviana Guerrero Clark exclama: “¡Cananea no es de Germán Larrea!, es de nosotros, los cananenses! No quiero dejar mi tierra, pero no encuentro trabajo aquí, porque nos tienen fichados, junto con nuestros padres”.

Vehemente, le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga, como se comprometió desde que era candidato y obligue al dueño de Grupo México, Germán Larrea, a sentarse a negociar con la dirigencia del sindicato minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, la solución definitiva a ese conflicto “que tanto sufrimiento y miseria nos ha dejado, mientras el empresario incrementa su riqueza”.

Viviana relata que tenía 15 años cuando Larrea despojó de su empleo a mil 200 trabajadores y sus familias, y ha estado con sus padres en todas las protestas y movilizaciones. “Como pude terminé la preparatoria y la universidad, me gradué de ingeniera en gestión empresarial, pero sólo conseguí un empleo de cajera en una tienda de autoservicio, porque Grupo México nos tiene boletinados, para que nadie nos contrate”.

Agrega: “Queremos que por fin llegue la justicia que hasta ahora se nos ha negado, para que podamos trabajar en nuestro pueblo y ser libres”.

La sección 65 y la dirigencia nacional del sindicato minero acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2012, por las violaciones a sus derechos humanos, entre ellos por la discriminación que Grupo México ejerció, ya que después de romper la huelga y desalojar a los mineros, comenzó a recontratar a otros. A la entrada de la mina puso un enorme cartel: “¡¡¡Se solicita personal!!!… ¡¡¡Único requisito!!!... ¡¡¡No ser de Cananea!!!”.

La intención era “excluir por completo” a los integrantes del sindicato minero, que “estorbaban” al empresario, para intensificar la producción de cobre con un menor costo laboral, sin importar el bienestar de los trabajadores y sus familias, ni los daños ambientales, recalcó Jesús Manuel Verdugo, presidente del Comité de Huelga.

Muchos lamentan no haber podido dar educación a sus hijos, ya que al romper la huelga, Larrea ya no permitió que asistieran a los colegios creados por la empresa desde la época de William Cornell Green, quien fue el que comenzó a extraer el cobre de las imponentes montañas de Cananea, en 1889, y ahora les preocupa que sus descendientes no puedan trabajar ni con las contratistas, porque Grupo México vetó a todos.

Karla Patricia Urrea clama también por que “nos quiten el fichado para poder trabajar nosotros”, ya que a su esposo, que ya había pasado la prueba para entrar a la mina, lo rechazaron cuando detectaron en las listas negras que tienen que está casado con la hija de uno de los mineros de la sección 65.

A muchos jóvenes no les ha quedado más que salir, comenta Verdugo Quijada, incluso unos de sus cuatro hijos “se fue porque para él no había nada”.

Pese a todo, sigue la batalla diaria de los 668 mineros, de sus hijos y de 35 viudas que buscan por todos los medios sobrevivir, en esta “Cananea heroica”, en la que, narran, les falta el agua, porque la empresa se lleva la mayor parte del líquido vital, la contaminación aumenta y la economía del municipio se ha ido a pique.

La vida de los habitantes de Cananea ha girado siempre en torno a la mina de cobre más grande del país, de hecho el poblado se formó en 1889 cuando el aventurero estadunidense Greene comenzó a explotar el mineral y construyó “un pueblito estilo americano”, según recuerda que le contó su padre, el minero Roberto Vera, de 83 años.

Greene, que pasó a la historia por haber reprimido la huelga de 1906, vivía en Cananea, en una casa lujosa estilo Arizona, e incluso ahí murió. En cambio, el empresario Germán Larrea poco se deja ver en la localidad, donde el resentimiento y el rencor de los mineros en su contra va en aumento. “El daño que nos ha causado es enorme, su fortuna es inmensa, pero el pueblo está medio muerto”, advierte Clarisa Clark, integrante del grupo de esposas y viudas de los mineros, conocido como “Las guerreras”, porque han luchado al lado de sus maridos, incluso peleando por no ser desalojados.

Tan sólo en 2006, según sus propios informes, Grupo México obtuvo ingresos brutos en Mexicana de Cananea por 6 mil millones de dólares, pero pese a ello su avaricia lo llevó a empecinarse en acabar con el contrato colectivo de la sección 65, para abaratar lo más posible el pago a los entonces mil 200 mineros y los orilló a estallar la huelga en 2007.

Un estudio elaborado por el abogado del sindicato minero, Óscar Alzaga, señala que un salario promedio integrado en Mexicana de Cananea antes de la huelga era de 5 mil pesos semanales por ocho horas de trabajo, y ahora, que han transcurrido más de 14 años, es apenas de 2 mil 500 pesos y jornadas de 12 horas, gracias al contrato de protección que la CTM de Sonora firmó con Grupo México.

Además, Larrea, que es el particular que más produce cobre en el mundo, reparte menos de las utilidades de las que corresponden a los nuevos trabajadores que operan la mina.

Jesús Urrea López, que laboró en Mexicana de Cananea durante 20 años y lleva ya tres infartos y una embolia, pero no falta a las asambleas y reuniones de la sección 65, expresa el sentir de la mayoría de los huelguistas: “Larrea no sólo nos quitó el trabajo, un salario justo que percibíamos, sino también le robó la niñez a nuestros hijos”.

Lucina Sara Córdova y Mirna López, ahora viudas, sufren para comprar sus medicinas y atender sus padecimientos, porque el Hospital del Ronquillo fue cerrado, deploran la escasez de agua, que sólo llega a sus casas por algunas horas. De acuerdo con datos oficiales, Grupo México tiene concesionados 45 millones de metros cúbicos anuales de los ríos San Pedro y Ojo de Agua en la cuenca de Sonora y opera 120 pozos profundos a más de 200 metros.

En cambio, para la ciudad de Cananea sólo hay 11 pozos y la gran extracción de agua que lleva a cabo la minera –su nueva planta de zinc requiere 6 millones de litros cúbicos para operar– impide que se abastezca de líquido las 24 horas a la población.

Incluso, Grupo México ha comprado varios ranchos cercanos a la mina para ocupar en su creciente producción los pozos que hay ahí, aunque son para uso agrícola, comenta Marco Montoya, secretario de Cooperativas de la sección 65. Advierte que la empresa “nos roba el agua y la que nos regresan está contaminada”, en referencia al derrame de la presa de jales de 40 millones de metros cúbicos de tóxicos y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi, en 2014, por negligencia de la empresa, lo que dañó la salud de los habitantes de Cananea y siete municipios más.

Los mineros y los demás residentes de Cananea están angustiados. La bonanza que se vivió en décadas pasadas se fue cuando Larrea comenzó a operar la mina. El parque Ojo de Agua, de Arvayo, el principal centro turístico, está abandonado; el Recreo Bar, que los mineros de la sección 65 abarrrotaban, cerró sus puertas, al igual que otras empresas.

“Los bajos salarios que ahora reciben los trabajadores que contrató Grupo México, que no son de aquí y deben pagar renta y los demás servicios, origina que poco puedan comprar, no hay circulante, parece que vivimos en un pueblo fantasma”, comenta Gloria Vázquez, esposa de Roberto Vera, el más veterano de los huelguistas.