León, Gto., Al menos 16 empresas, desde refresqueras a funerarias y aseguradoras, entregaban “reciprocidades” hasta de 10 por ciento a funcionarios de la dirección general de desarrollo institucional del gobierno municipal de León –que presidió seis años el alcalde panista Héctor López Santillana–, con quienes firmaban contratos para prestar servicios o vender bienes a los 7 mil empleados del ayuntamiento.

Los directores de la dependencia firmaban convenios para descontar vía nómina las compras a los burócratas y, a cambio, pedían una comisión en efectivo o en especie, concepto plasmado en los contratos como “reciprocidad”. Generalmente el pago en especie eran aparatos electrodomésticos.

Las empresas que entregaban moches son: Famsa, Financiera Pacto, MetLife de México, Caja Libertad, Previsión Familiar del Bajío, Grupo Nacional Profuturo, Cooperativa Memory Servicios, Servicios Pacto, Etesa, Caja Popular La Merced, Ópticas Lux, Óptica el Antojo Vission, Óptico Visión Factory, Ópticas Franklin, Ópticas Nueva Era y Funerales Cepeda.

En el primer periodo del gobierno de Santillana (2015-2018), los contratos fueron firmados por el director general de desarrollo institucional, Enrique Sosa Campos. En el siguiente trienio éste fue nombrado tesorero y ahora es director de prospectiva laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del gobierno del estado.

Sosa Campos enfrenta dos procesos administrativos por autorizar la venta del terreno de un jardín de niños y por condonar el pago de 2.5 millones de pesos de impuesto predial al campo de golf Club Campestre, al hacerlo pasar por predio de uso agrícola.

En el segundo periodo de López Santillana los contratos fueron firmados por el nuevo director de la dependencia, Alberto Martínez Aguayo, despedido a mediados de 2021 por hostigamiento sexual.

Los encargados de elaborar los convenios, recibir, almacenar y resguardar el dinero y los regalos eran el ahora ex director de administración de personal, Víctor Chombo López –quien fue contratado cuando estaba inhabilitado por el gobierno de Acámbaro por desviar 25 millones de pesos de recursos federales–, el subdirector de prestaciones, Mario Tavares; el subdirector de nómina, Abel Moreno, y la coordinadora de impuestos, Teresa Carrillo.

Al grupo Óptico Vission Factory y a Previsión Familiar le cobraban una comisión de 10 por ciento sobre los descuentos semanales o catorcenales aplicados a los empleados; a la Caja Popular La Merced, 3 por ciento; a Caja Libertad, 2 por ciento; a Famsa, 3.5 por ciento; a GNP, 2.5 por ciento, y a Ópticas Franklin, 5 por ciento. La “reciprocidad” más baja, de uno por ciento, se aplicó a la Financiera Pacto, detalló una fuente cercana a la investigación.

El 3 de septiembre de 2021, a 37 días de terminar la segunda administración de López Santillana, la directora de políticas públicas y encargada de desarrollo institucional, Elizabeth Muñoz García, envió el oficio DGDI/DG/0137/2021 al director de administración de personal, Víctor Chombo López, para que informara sobre los convenios firmados con Famsa y MetLife.

En el documento pide a Chombo que “verifique y me informe el estatus respecto a los regalos que fueron pagados a la tienda Ryse por el proveedor Famsa por la cantidad de 169 mil pesos, acompañando la información que permita identificar si los regalos fueron entregados, para que en caso de no haber sido entregados se lleve a cabo la recepción o el resguardo”.

La ex encargada de desarrollo urbano también pidió información sobre las “acciones ejercidas para el pago del adeudo del proveedor Famsa por 247 mil 232 pesos” correspondiente a “la reciprocidad de 2020, así como de aquellas cantidades que por ese concepto se hubieran generado hasta la fecha”.

Agrega que es necesario un informe sobre los requerimientos a MetLife para que pague un adeudo de 3 mil 398 pesos.

La dirección de Desarrollo Institucional tiene entre sus funciones proponer el catálogo de puestos, el tabulador de sueldos y firmar convenios “que procuren beneficios a los empleados municipales”, dar seguimiento al proceso de selección y contratación de trabajadores, firmar nombramientos y aprobar los planes de capacitación.

Este caso salió a la luz porque la contraloría interpuso una denuncia penal por el robo de 97 mil pesos en efectivo de las “reciprocidades”.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció que la contraloría investigará el cobro de comisiones “tope donde tope”, aun si implica al ex alcalde Héctor López Santillana, actual director del Puerto Interior del gobierno del estado.