Madrid. José Antonio del Olmo fue durante muchos años el director de Administración y Control de Iberdrola. Ahora, además de estar jubilado, es considerado como “el testigo clave” de la investigación judicial abierta contra la multinacional eléctrica española y su cúpula directiva, con su presidente Ignacio Sánchez Galán, por los delitos de espionaje, cohecho activo, falsedad en documento mercantil y atentado contra la intimidad. En una carta remitida al juez instructor, Manuel García Castellón, Del Olmo ratifica su testimonio en el que responsabiliza de los delitos a sus antiguos jefes, al tiempo que solicita protección ante el temor a represalias.

Sánchez Galán y la cúpula directiva de Iberdrola tienen abiertos varios frentes judiciales en España. Uno de ellos, quizá el más grave por los delitos imputados, es el que se refiere precisamente al espionaje, vigilancia y amenazas que habrían realizado a través de un ex comisario de policía, José Manuel Villarejo, para saber los movimientos de los empresarios de la competencia, pero también para conocer datos de la vida privada de políticos, periodistas y activistas del medio ambiente.

La justicia española, al menos en las diligencias realizadas hasta ahora y gracias a la recopilación de documentos y pruebas (muchas de ellas aportadas por el propio ex comisario Villarejo), ya estableció el vínculo entre la trama de espionaje y el que fuera director de Seguridad Corporativo de la multinacional hasta el estallido del escándalo, Antonio Asenjo.

El valor del testimonio de Del Olmo es precisamente para depurar responsabilidades más allá de Asenjo, quien fue apartado de sus responsabilidad y ya no forma parte del grupo. Es decir, para subir en el escalafón de la cadena de mando hasta llegar a su actual presidente, Sánchez Galán. De hecho, en el escrito enviado por Del Olmo al juez instructor se advierte que él mismo denunció las “operaciones anómalas” en la contratación del ex comisario, al tiempo que detalla la estructura de mando de la compañía energética.

Del Olmo, quien también denunció sentirse “acosado” por Iberdrola, expone que desde 2002 se plantearon modificaciones en la estructura del grupo con motivo de la salida a bolsa de la filial de renovables, la compra de Scottish Power (SPW), la adquisición de la estadunidense Energy East (actual Avangrid), la toma de control de Elektro en Brasil y la creación de una división en México. “Esto derivó en problemas operativos, por lo que desde la presidencia se puso en marcha, a principios de 2010, el proyecto de Corporación Única que afectaba a todo el grupo.

“El responsable de todas las funciones corporativas era el presidente Ignacio Sánchez Galán. De esta forma todos los contratos, asesorías, etcétera, a llevar a cabo por una función corporativa en una sociedad del grupo, se aprobaban en un comité operativo, y después se firmaban los contratos correspondientes a través de la empresa del grupo correspondiente. En el caso de Seguridad Corporativa, los presupuestos anuales, los contratos a realizar, las asesorías a contratar, eran responsabilidad de Antonio Asenjo, en todas las empresas del grupo, siempre bajo supervisión del presidente (Galán), que presidía el comité operativo”, explicó Del Olmo.