Para la administración pública local, el exhorto del Congreso de la Ciudad de México para no contratar a deudores alimentarios y agresores sexuales como servidores públicos no puede realizarse debido a que no son requisitos establecidos en las leyes laborales.

El año pasado, Morena y la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas presentaron un punto de acuerdo para que las dependencias del gobierno central y las 16 alcaldías se abstengan de contratar a dichas personas; sin embargo, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales respondió que si bien está comprometida con la perspectiva de género y el apoyo a víctimas, dicha solicitud podría incurrir en actos de discriminación y de acceso al derecho al trabajo.

“Dicho criterio podría constituir violaciones a los derechos humanos al solicitar requisitos extralegales y que en algunos casos pudiera constituir la interpretación de una ampliación de la pena impuesta como parte de una sentencia por la autoridad jurisdiccional.

“Ni beneficia a los fines de las sanciones penales ni a las sentencias de carácter familiar; por el contrario, se constituirían en actos discriminatorios (considerando que la persona postulante cubra con el perfil que el puesto requiere)”, indicó la dependencia, al precisar que es exigible a los servidores públicos actuar con diligencia y estricto apego a la ley, incluso en los procesos de selección y contratación de personal.

El punto de acuerdo aprobado por el pleno del Congreso hace referencia a que las autoridades deben generar espacios para que todas las personas, en particular las mujeres, se sientan seguras y libres.

Indica que no puede establecerse un buen gobierno “cuando lo integran personas servidoras públicas agresivas y violentas, o cuando son ellas las primeras en infringir la ley”.

Refiere que la integridad pública debe ser entendida como un posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como priorizar el interés público sobre los privados.

Actualmente, la Consejería Jurídica opera un sistema para tramitar constancias de no deudor alimentario, cuya base de datos se compone de los nombres de los padres o madres de familia que han dejado de pagar pensiones alimentarias.

En tanto, la Secretaría de Gobierno difunde el registro público de personas agresoras sexuales de la ciudad, donde se encuentran 153 nombres. Esta base de datos se integra con individuos que cometieron feminicidio, violación, abuso sexual contra menores de 12 años de edad, turismo sexual o trata de personas.