Cananea, Son.,/I En esta tierra que forma parte de la historia nacional, donde la lucha de los “mártires de Cananea” prendió la chispa que incendió luego al país y culminó en la Revolución Mexicana, más de un siglo después otros trabajadores que extraen la riqueza de la misma mina de cobre han logrado mantener una huelga por casi 15 años, en una lucha también desigual contra el poder económico y político.

En esos duros años han tenido que enfrentar el desempleo, el hambre, la discriminación, la represión y el inclemente invierno en este municipio ubicado al norte de Sonora, muy cerca de la frontera con Estados Unidos.

En ese batallar, 44 mineros fallecieron, pero 668 y sus familias se mantienen firmes, sin ceder a las presiones y maniobras de Germán Larrea, dueño de Grupo México, el segundo hombre más rico del país, quien contó con el apoyo de los gobiernos de PAN y PRI para intentar acabar con su movimiento y su sindicato.

El acoso de la empresa y los intentos de desalojarlos de los puestos de guardia fueron muchos, pero “nos defendíamos como podíamos, hasta con piedras, hemos aguantado vara y aquí seguimos”, comenta Roberto Vera, de 83 años, que al momento de la paralización de labores tenía 30 años de laborar en la mina y pudo jubilarse, pero no lo hizo “para no traicionar al movimiento”.

Decenas de huelguistas coinciden en que desde la sección 65 del sindicato minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, han peleado por su empleo y por su dignidad, como lo hicieron los mineros que en 1906 pararon actividades en la rica mina de cobre, que era propiedad del estadunidense William Cornell Greene.

Tienen presente que Porfirio Díaz mandó al Ejército para romper la huelga en The Consolidated Cooper Company y que casi un siglo después, en 1989, otro gobierno, el de Carlos Salinas de Gortari, utilizó también a los militares para acabar con la protesta de los miembros de la sección 65 que se oponían a la venta fraudulenta de la histórica mina, nacionalizada en 1971 y denominada Mexicana de Cananea.

Heriberto Verdugo, delegado del sindicato minero en Cananea, resaltó que pese a que la mina producía una gran riqueza, Salinas de Gortari la declaró en quiebra para poder entregarla a Grupo México, por 475 millones de dólares, una cifra muy por debajo de su valor real. No sólo eso, también privatizó Banrural y los ejidos colindantes con el mineral –que Lázaro Cárdenas había entregado a los campesinos sonorenses– y los cedió al empresario, junto con el monopolio del agua.

De esa forma, “Larrea llega a Cananea a través de la violencia, la imposición y la mentira” y de inmediato intentó acabar con el contrato colectivo, señala Nabor Duarte Herrera, secretario general de la sección 65. Lo primero que hace es cerrar una clínica en la que se atendía a los mineros y sus familias, y deja de cumplir las medidas de seguridad.

“Las condiciones eran muy malas, porque metieron equipo más grande, enormes quebradoras, que con su vibración rompían el concreto. En su avaricia por lograr una mayor producción de cobre, sin tener que invertir, nos ponía en peligro”, advierte Jesús Manuel Verdugo Quijada, presidente del Comité de Huelga. Él forma parte de una cuarta generación de mineros y su bisabuelo, relata, trabajó en la mina cuando era propiedad de mister Greene y sabe, por ello, que es un trabajo de gran riesgo para la salud, porque laboran entre el polvo, el humo, reactivos, ácidos y gases.

La entrevista se lleva a cabo en el local de la sección 65, en cuya entrada hay una placa metálica enorme que da cuenta de la creación de 1944 a 1946 de ese edificio social, “Casa del Minero”, construido con la cooperación del entonces gobernador de Sonora, Abelardo L. Rodríguez, el ayuntamiento y The Cananea Consolidated Company.

Verdugo Quijada precisa que las violaciones al contrato colectivo se fueron sumando, sin que la empresa hiciera caso. Muestra cajas de documentos, con oficios dirigidos a las diversas autoridades, entre ellas a Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente, en los que alertan de diversos riesgos, entre ellos de que una presa de jales –donde se almacenan los lodos con ácidos y otros químicos que se utilizan para separar el cobre del resto de minerales y tierra– se desbordara.

Había inseguridad en la mayor parte de las instalaciones de la mina Mexicana de Cananea, pero Larrea se negó a corregirla, a pesar de señalamientos de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La empresa, resalta, estaba más interesada en minar al dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien había denunciado la negligencia y responsabilidad de Grupo México en el accidente en Pasta de Conchos, donde murieron sepultados 65 mineros.

La empresa además desconoció a la sección 65 y retuvo ilegalmente las cuotas sindicales de 2007. Ante esa reiterada negativa de la patronal a corregir las violaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT), los mil 200 trabajadores estallaron la huelga el 30 de julio de 2007.

Desde el principio, Larrea contó con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón, de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien, relata Verdugo Quijada, le dijo irónico que eran “ligerezas” lo que ellos argumentaban violaciones al contrato colectivo. Este último maniobró para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declarara inexistente la huelga, hasta por cuatro veces, las mismas que la sección 65 logró revertir en tribunales.

Sin embargo, en cada una de ellas, la empresa intentó desalojarlos con el apoyo de las fuerzas policiacas federales y estatales, “dado que Larrea tenía también de su lado al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que había sido su empleado en Grupo México. El enfrentamiento más fuerte se dio el 11 de enero de 2008, ya que los huelguistas fueron correteados por las fuerzas públicas.

Sin embargo, faltaba aún lo peor. “Grupo México, con el respaldo de Gómez Mont, que en la sombra seguía siendo su abogado, pidió en la JFCA la terminación definitiva de las relaciones laborales con los mil 200 mineros y la terminación del contrato colectivo “por causas de fuerza mayor”. Pide que la Secretaría de Economía haga una inspección para que constate que la mina está “devastada” y ya no puede operar.

Sin inspección, sin admitir las pruebas del sindicato minero, agrega el delegado Heriberto Verdugo, la JFCA “complace a Larrea y, en una sola sesión, emite el laudo para la terminación del contrato y el despido de los mil 200 trabajadores, “por causas de fuerza mayor”, el 14 de abril de 2009.

Durante dos años más la sección 65 y el sindicato minero buscan el amparo del Poder Judicial, pero en 2011 la Suprema Corte “valida la infamia y permite a Larrea romper la huelga”. Cerca de 4 mil militares y policías federales son enviados por el gobierno de Felipe Calderón para desalojar violentamente a los mineros.

Y un mes después se esfumó “la causa de fuerza mayor”, Larrea reabre la mina, a la que cambia su histórico nombre de Mexicana de Cananea por el de Buenavista del Cobre, “en un intento por borrar la historia; además pacta un contrato de protección con la CTM y contrata a nuevos trabajadores, con la condición de que no fueran cananenses. “Corre de la escuela a los hijos de los huelguistas, les corta el gas de línea y el agua”, recuerda Nabor Duarte.

Pero ni así los derrotaron, siguen en la lucha, en espera de justicia.