El pasado viernes, en su matutina conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de un “bloque conservador: Claudio X. González y todo ese grupo, Loret, Brozo, Carmen Aristegui”. Reiteró que ella no es una heroína del periodismo (usó el término “paladina”): “...engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo (...) y no, no, no, o sea, a la hora de las definiciones se fue, o así pensaba siempre pero simulaba: está a favor del bloque conservador. Todos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui”.

El motivo del diferendo, al que la periodista respondió en su programa radiofónico con una alocución que tituló “Lamentable que el Presidente utilice su palabra, tan poderosa, para destruir reputaciones” (https://bit.ly/3oucGBl), se produjo en el contexto de la presentación en su espacio mediático de trabajos (deficientes, insuficientes, a juicio de este tecleador) relacionados con los chocolates Rocío y una casa en Houston, en los que se involucró de diversa manera a hijos del Presidente de la República.

El trabajo periodístico de Aristegui ha sido, a consideración de este tecleador astillado, de relevancia y respetabilidad, aunque en el tratamiento de las dos inferencias sobre los hermanos López Beltrán no ha habido la contundencia editorial mostrada en otros temas y tiene como contexto de lectura obligada el embate contra el obradorismo de grupos políticos y empresariales atrincherados en instancias como Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Por otra parte: el mismo viernes llegó a un riesgo de ruptura la relación de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala con el actual gobierno federal.

En el fondo, el choque físico, y sus consecuencias políticas, en la guerrerense caseta de peaje de Palo Blanco es una muestra del rechazo abierto del activismo con sede en Ayotzinapa respecto a la indagación y la política del gobierno federal sobre este tema, en específico por la falta de resultados satisfactorios y por la protección sistemática a las fuerzas armadas, a las que la retórica oficial declara susceptibles de investigación, pero en los hechos se les mantiene a resguardo; intocables siempre, ahora más al haberse convertido en factor creciente de poder, en “garantía” de gobernabilidad de la llamada Cuarta Transformación.

La toma de casetas de peaje (una forma de protesta pero, sobre todo, de aprovisionamiento de recursos económicos) ha sido impedida ya en dos ocasiones por parte de la Guardia Nacional y la policía estatal de Guerrero, esta vez con un saldo de decenas de heridos y, sobre todo, el uso de un tráiler de la empresa Soriana que, sin tripulante, fue dejado ir en una ruta de unos 200 metros.

Resultó providencial (en la acepción “de un hecho o de un suceso casual: que libra de un daño o perjuicio inminente: RAE) que el uso como proyectil de dicho vehículo de carga no hubiese causado muertes y heridas entre los centenares de guardias y policías que participaban en la operación contra los manifestantes. La unidad automotriz pasó limpiamente la estructura de la citada caseta de peaje y fue a parar más adelante contra otra edificación. Por fortuna, el saldo humano de esta acción quedó en blanco.

Pero no debe perderse de vista que el bono de confianza en la actual administración obradorista, que nunca fue entregado incondicionalmente, parece agotado o en vías de así quedar. Ha pasado más de la mitad del tiempo de la actual gestión federal y muy poco se ha avanzado en realidad en el esclarecimiento del terrible episodio sucedido entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

Y, mientras se ha registrado una notable concurrencia a la Convención Nacional Morenista realizada este sábado en el Monumento a la Revolución, con John Ackerman como articulador, en un ejercicio que busca corregir las desviaciones notables que ese partido vive bajo la impugnada dirección de Mario Delgado, ¡hasta mañana!

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