El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz quedará detenido hasta que se hagan nuevos estudios sobre el impacto ambiental que tendría en los humedales cercanos y en el arrecife de La Loma, así se propone en un proyecto de sentencia programado para votarse esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La propuesta reconoce el interés jurídico de los pobladores de los municipios de Medellín, Veracruz y Boca del Río para recurrir a tribunales en demanda del respeto a su derecho a un medio ambiente sano.

La obra, cuyo nombre oficial es Modificación del proyecto denominado ampliación del puerto de Veracruz en la zona norte, es parte del agrandamiento de la terminal portuaria que comenzó desde 2013, lo cual implica mover 8 millones de toneladas de roca y dragar 11.9 millones de metros cúbicos del lecho marino.

Un año antes, el gobierno federal modificó el área del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, lo que permitió desincorporar una zona que sería utilizada para el proyecto.

Dos habitantes de Veracruz, Mara Elisa Salazar Calderón e Itzel Alejandra Jiménez Loranca, promovieron entonces un amparo ante el juzgado quinto de distrito.

Argumentaron que el impacto de las obras repercutiría en el equilibrio ambiental de todo el litoral, perjudicaría el funcionamiento de los humedales y afectaría al arrecife de La Loma, cuya existencia fue ignorada en los reportes presentados por la autoridad.

El juzgado les negó el amparo tras argumentar que no tenían interés jurídico, es decir, que no podían probar que el acto reclamado afectara directamente sus derechos, pese a que comprobaron residencia en la entidad.

Además, aportaron el testimonio de un perito que probó las omisiones del estudio ambiental utilizado para autorizar las obras.

Las quejosas solicitaron entonces a la SCJN que atrajera el caso, que fue aceptado en febrero de 2021 bajo el argumento de que el asunto no está “limitado a analizar intereses estrictamente particulares, sino colectivos, tanto por la naturaleza del derecho humano en juego como por las obras materiales que los actos reclamados conllevan”.

Un año después, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá está listo para ser votado el miércoles en la primera sala del máximo tribunal.

En el documento se señala que, en materia ambiental, el interés legítimo se reconoce cuando el acto reclamado pueda causar una afectación de índole económica, personal o de salud pública.

“Tratándose del medio ambiente nos encontramos frente a un elemento de carácter colectivo por ser indispensable para la conservación de la especie humana. De ahí que se trate de un bien público cuyo disfrute o daño no sólo afecta a una persona, sino que importa a la comunidad en general”, señala el proyecto de González.

Ordena entonces que se dejen insubsistentes las autorizaciones para la ampliación y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “emita nuevas resoluciones que deberán tomar en cuenta el contenido y las obligaciones impuestas por el derecho a gozar de un medio ambiente sano”.

Los nuevos análisis de la autoridad federal deben considerar “la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en la zona de influencia de dicho proyecto, entre ellos el conocido como La Loma.”

En agosto de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que buscaría revocar la concesión por 100 años del puerto de Veracruz, otorgada por Carlos Salinas de Gortari, y prorrogada por Enrique Pena Nieto hasta 2094.