Tijuana, BC., Policías municipales, con apoyo de la Guardia Nacional (GN), desalojaron ayer por la madrugada a los migrantes mexicanos y centroamericanos que hace un año se instalaron en la explanada frente a El Chaparral, el paso peatonal a Estados Unidos.
Las palas mecánicas de los trascabos levantaron casas de campaña, cobijas, ropa y juguetes y los pusieron en camiones de volteo, ante el llanto de mujeres y niños.
Todavía no amanecía cuando, con un altavoz, personal del ayuntamiento despertó a los que aún dormían para indicarles que tenían media hora para empacar sus documentos y tres mudas de ropa, pues serían llevados a los albergues.
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien prometió que no habría desalojo, asumió la responsabilidad con el argumento de que fue por la “salud” y “seguridad” de quienes ahí se encontraban.
En un comunicado, la munícipe morenista expuso: “Debo tomar decisiones firmes. El bienestar de las personas, de los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores ahí ubicados no es un juego ni algo que debería dejarse a la incertidumbre”.
Desde que se inició su administración, en septiembre pasado, Caballero trató de convencer a los migrantes para que regresaran a sus lugares de origen o se fueran a los refugios. A la fecha, 130 de ellos habían aceptado boletos de regreso.
La mayoría de los habitantes de El Chaparral eran familias de Guerrero, Michoacán y Veracruz que huyeron del crimen organizado.
La madrugada de este domingo dormían ahí 86 familias, ademas de 33 varones que vivían solos, cuatro mujeres, dos de ellas embarazadas, dos adultos mayores y “dos personas en contexto LGBT+”, según el reporte de las autoridades.
En octubre pasado, el gobierno local cercó el campamento y dio credenciales a sus moradores en un intento por controlar el acceso, ante denuncias de que un grupo controlaba las donaciones y participaba en actividades ilícitas.
Unos 200 elementos de la GN participaron en la operación para cercar el perímetro, mientras agentes municipales y personal de protección civil se encargaba del desalojo. Integrantes del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración “invitaban” a los migrantes a recoger sus pertenencias.
Los trasladaron al Centro Integrador de Migrantes del Gobierno de México y al albergue Santuario de la administración estatal, donde, se informó, les brindarán alimentos y asistencia médica.
El campamento de El Chaparral se comenzó a formar a finales de enero de 2021 con ciudadanos centroamericanos, a partir de que Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, porque “alguien” les dijo que el nuevo mandatario tenía una política migratoria distinta. Esa versión fue usada por traficantes de personas que los llevaron al cruce fronterizo y ahí los abandonaron.
En marzo de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano medidas cautelares de seguridad para los mil 500 viajeros instalados entonces en El Chaparral, entre ellos 300 niños y 10 mujeres embarazadas, por encontrarse en riesgo.
Pese a los incidentes con comerciantes de la línea divisoria y el frío de los últimos meses, muchos decidieron permanecer ahí porque consideraban que estar frente al cruce hacia Estados Unidos presionaría a los gobiernos de ambos países para que resolvieran esta situación.
Según cifras oficiales, en El Chaparral quedaban 382 personas, a diferencia de los casi 700 que había cuando el ayuntamiento tijuanense instaló la malla ciclónica y repartió credenciales.
Desde octubre, cuando el campamento fue cercado, Montserrat Caballero, afirmó que el retiro de sus habitantes sería voluntario, aunque en varias ocasiones se habló de que por la pandemia de covid-19, brotes de varicela y el frío, sería mejor llevarlos a los refugios.
El 23 de diciembre, las autoridades municipales intentaron reubicarlos, ya que las lluvias estaban dañando algunas de las carpas y casas de campaña; les ofrecieron transporte, pero muy pocos aceptaron.
El secretario general de Gobierno estatal, Catalino Zavala, y Caballero destacaron que la operación de este domingo se llevó a cabo de manera pacífica.
Con información de Antonio Heras, corresponsal