La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “contribuye a la confusión y desinformación al asegurar” que la única autoridad que puede emitir permisos ambientales para explotar una mina de piedra caliza en 2000 era sólo la dependencia federal, acusó su ex titular, Julia Carabias.
Lo anterior, en referencia a los señalamientos de la Semarnat del pasado 3 de febrero, respecto a que el permiso a la empresa minera Calica para operar en Playa del Carmen fue otorgado en el último día de gestión del ex presidente Ernesto Zedillo, sexenio en el que Julia Carabias fue titular de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap).
En un posicionamiento sobre el tema –publicado en la página del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente–, Carabias respondió que los señalamientos de la ahora Semarnat fueron realizados “en desconocimiento del marco jurídico que regula este complejo asunto”.
Puntualizó que la empresa Calica realiza actividades extractivas desde 1986 con permisos estatales y federales, autorizados por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Quintana Roo.
En 1996, añadió, el gobierno estatal “otorgó autorización a la empresa para ampliar la zona de explotación de la mina a dos predios nuevos”, La Adelita y Corchalito, y cada cinco años (hasta 2016) fue renovando la autorización.
En 2000 la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, de la Semarnap, autorizó la manifestación de impacto ambiental (MIA) que “sometió la empresa para expandir las actividades que ya llevaba a cabo desde 1986 a los dos predios mencionados, en donde el gobierno estatal les había ya permitido operar en 1996”.
La investigadora indicó que la MIA autorizó el aprovechamiento de la parte por debajo del manto freático en esos predios con una vigencia de 20 años y “sujeto a múltiples condicionantes estrictas para mitigar el daño ambiental”.
Carabias sostuvo que la actual administración “tiene fundamentos jurídicos y técnicos” para evaluar si esa explotación operaba dentro de parámetros ambientales aceptables.
“Si se llevó a cabo o no el seguimiento y evaluación de las condicionantes, no es un tema de mi responsabilidad”, señaló la investigadora.
La semana pasada, en la conferencia matutina, se dio a conocer que la empresa Calica, subsidiaria de la estadunidense Vulcan Materials Company, demandó a México una indemnización millonaria debido a que no se les amplió la concesión para explotar un banco de materiales pétreos en Quintana Roo, por lo que se está en busca de un acuerdo para convertir la planta en un atractivo turístico.
