Informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Centro Nacional de Inteligencia, sirvieron para detectar despachos jurídicos que ahora son investigados por presuntamente operar, en combinación con funcionarios del Poder Judicial, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República (FGR), “promociones” para evitar que se judicializaran acusaciones contra empresarios o que sus procesos judiciales se “resolvieran” a cambio de sumas millonarias.
En ese contexto, los cuerpos de inteligencia del gobierno federal han detectado que supuestamente se encuentra fuera del país el abogado César Omar González Hernández, uno de los cuatro litigantes que serán imputados por la FGR de cometer asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR integra diversas carpetas de investigación contra integrantes de nueve despachos jurídicos, presuntamente relacionados con el ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, entre ellos el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, vinculación que el ex funcionario federal ha negado.
Sin embargo, funcionarios federales que participan en la indagatoria indican que se concluyó con la judicialización de la carpeta de investigación FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/SP036/2021, integrada por la Fiscalía Especial de Control Competencial, que anteriormente era conocida como Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, y que está a cargo de Juan Ramos López, uno de los hombres más cercanos al fiscal Alejandro Gertz Manero.
Este expediente ya se encuentra como la causa penal 550/2021 ante el juez de control José Rivas González y tiene programada la audiencia inicial contra los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, socios del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá.
Además, se integran otras carpetas de investigación en las que se han ido incorporando denuncias presentadas recientemente, una de ellas por parte del empresario Paulo Díez Gargari, en la que señala que Julio Scherer Ibarra creó una red “de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes” que supuestamente, “desde una posición privilegiada de enorme poder político”, obtuvo beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo.
Asimismo, una denuncia supuestamente presentada de manera anónima el pasado 1º de diciembre contra Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex titular de la Secretaría de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y contra quien estaba encargado de la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, Alejandro Ríos Camarena.
En el documento, entregado a través de la Oficialía de Partes de la FGR, se menciona que ambos ex servidores públicos extorsionaban a juzgadores que tenían quejas por sus actuaciones ante el CJF y, a cambio de impunidad, tenían que determinar los expedientes que les indicaran la manera en que decidieran determinados despachos.
La denuncia anónima señala que ambos ex funcionarios del CJF tienen relación con el despacho Ferráez, Benet, Segovia & Igartúa (FSBI), y a su vez con el ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal.
En su página web, el despacho FBSI, señala estar “integrado por una área de altísima especialización en litigio administrativo, otra área de notable capacidad de interlocución con el gobierno y una más de consultoría excepcionalmente técnica, tanto privada como pública”.
