La Habana. El gobierno cubano decretó ayer un nuevo impuesto de 10 por ciento a los vendedores particulares de productos agropecuarios, una dura medida dirigida a comerciantes, pequeñas empresas y consumidores, quienes enfrentan los efectos de una inflación de 70 por ciento.

Ese gravamen, en vigor a partir del lunes, se aplicará “sobre las ventas minoristas con un tipo impositivo de 10 por ciento a las personas naturales y jurídicas que comercialicen productos agropecuarios de forma minorista”, indicó ayer la Gaceta oficial.

La partida, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2021, dispone gravar la facturación de los trabajadores por cuenta propia y de las pequeñas y medianas empresas, autorizadas apenas en agosto del año pasado.

De acuerdo con el economista cubano Pedro Monreal, esta medida provocará un incremento de costos. “Dos probables efectos: mayores gastos en alimentación y aumento de la desigualdad”.

Agregó que “el impacto se concentra en hogares con menores ingresos que destinan a la canasta básica un porcentaje relativamente más alto de sus recursos”.

La reforma monetaria de 2021 disparó el valor de los bienes y servicios, fundamentalmente de alimentos. La población debe hacer largas filas en medio de la escasez de productos de primera necesidad y medicamentos.

La isla caribeña, que importa 80 por ciento de los bienes alimentarios, ha reducido sensiblemente sus compras por falta de disponibilidad de divisas, y por las dificultades logísticas del comercio internacional asociadas a la pandemia de coronavirus y el bloqueo estadunidense.