Tres años antes de la aprobación de la reforma energética de 2013, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener), en ese entonces dirigida por Georgina Kessel Martínez –ahora consejera en Iberdrola–, favorecieron a las empresas privadas de generación eléctrica renovable con el costo del transporte de energía o porteo, de acuerdo con documentos oficiales.
La resolución RES/066/2010, emitida por el órgano regulador, que era presidido por Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano –ahora socio de una consultoría especializada en el sector de gas natural–, señala que la Sener solicitó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) que la metodología por la cual se determinaron los cargos a los servicios de transmisión de permisionarios de fuentes renovables o cogeneración, quedara exentos de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR).
El procedimiento no concluyó su revisión regulatoria –necesaria para modificar y corregir–, a pesar de diversas observaciones hechas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y fue aprobado por la CRE, encabezada por Salazar Diez de Sollano, uno de los autores de la reforma energética de 2013.
La CRE reconoció en la resolución que en el oficio 349-A-0224 de la SHCP se hicieron anotaciones, como que la metodología que presentó el órgano regulador sólo se referían a los servicios de “porteo”, no así para otros como “regulación de frecuencia” y “regulación de voltaje”.
La resolución sobre la metodología favoreció a las empresas privadas, puesto que la SHCP destacó que los cargos propuestos para alta y media tensión fueron los mismos, de 0.03036 pesos por kilowatt-hora, lo cual incluía el uso de infraestructura y las pérdidas, entre otros servicios.
Hacienda enfatizó el uso del término “transmisión” para referirse al “transporte” y “transformación” de energía, por lo que sugirió hacer la distinción.
Además pidió hacer compatibles entre sí las metodologías para el cálculo de las tarifas de porteo aprobadas por la misma CRE publicada en 1998 para energía fósil, con la propuesta para las energías renovables.
La dependencia federal también señaló que la metodología para determinar los cargos de servicios de transmisión de los permisionarios de centrales de energía renovable o cogeneración eficiente se tomó del informe Número 25 del Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México, el cual aún no era aprobado por ser preliminar.
En el documento emitido por la CRE se reconoce que sólo tomó en cuenta los comentarios de Hacienda que consideró “pertinentes”.
La resolución fue aprobada por el resto de los comisionados, entre ellos Francisco José Barnés de Castro, quien trató de elevar las cuotas en la UNAM, así como Israel Hurtado Acosta, quien actualmente preside la Asociación Mexicana de Hidrógeno, cuyos integrantes son Engie, Iberdrola México, Enel y BP, entre otras.
