El acuerdo firmado por Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, con Zoé Robledo, director del IMSS, 7/11/21 para “ampliar” el Programa IMSS-Bienestar (PIB) y atender a la población abierta sin seguridad social de la entidad, entierra definitivamente el PIB originario e instala un modelo emergente IMSS-B “ampliado”, sólo concentrado en la atención médica y desprovisto de las acciones comunitarias que dieron sentido al PIB original. Es similar al caso del acuerdo signado con la gobernadora de Tlaxcala (Lorena Cuéllar) 4/2/22.
El PIB original, con el que fuera su Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS), podrá ser preservado por Robledo en su ruinoso estado actual (véase Sánchez, Leal, Escobar, León, “Acción comunitaria en el IMSS-B. Visiones operativas de la otra historia”, 2021). Pero el acuerdo Nayarit ya no lo contempla como su opción e introduce otro modelo que no guarda relación con él: rompe la integridad de las reglas de operación de su versión equilibrada original entre atención médica y acción comunitaria.
El cuarto compromiso del acuerdo estipula tres ejes: recursos financieros; infraestructura y recursos materiales de las unidades médicas, así como el personal adscrito a las unidades de salud. Por tanto, ese IMSS-B “ampliado” introduce un modelo emergente fincado únicamente en asistencia médica.
El octavo compromiso ilustra ese cambio de modelo cuando precisa que “a través del Programa IMSS-Bienestar, se presten los servicios de salud a los beneficiarios del mismo, con la calidad, calidez y eficiencia, que reciben las personas con seguridad social, con estricto apego a las reglas de operación del citado programa”.
Este compromiso está saturado de imprecisiones. Primero: ofrece prestar “a través” del PIB sólo servicios de salud. Pero ese PIB también brinda tareas de acción comunitaria. ¿Dónde quedaron? Porque no se ofrece el PIB, sino un nuevo modelo “ampliado” que no dispone de acción comunitaria. Segundo: ofrece calidad, calidez y eficiencia como las que reciben las personas “con” seguridad social. Justamente lo que no hace el PIB original. Dado que es un programa del IMSS para población sin seguridad social, pagado con recursos fiscales y no con cuotas obrero-patronales, como ocurre con el régimen ordinario del IMSS y que es la población que dispone de seguridad social. Tercero: ofrece apegarse “estrictamente” a las reglas de operación del PIB. Lo que no cumple ese acuerdo. De hacerlo debería necesariamente incorporar tareas de acción comunitaria y no sólo atención médica.
En suma: el acuerdo activa un modelo “ampliado” diferente al del PIB original con atención médica, pero sin acción comunitaria. O sea, es un nuevo programa con un nuevo modelo al que se le ha cercenado una de sus partes más importantes: la acción comunitaria y, por tanto, la integralidad de las reglas de operación del PIB original, heredero del espíritu de la atención primaria de la salud ( Alma Ata). Esa acción comunitaria conlleva corresponsabilidad volcada hacia la prevención y promoción a la salud. No sólo garantizar atención médica y medicamentos.
Queda, además, otro gran pendiente: ¿qué ocurrirá con los voluntarios de salud/promotores voluntarios del PIB que laboran en 82 Unidades Médico Rurales y el Hospital Regional de San Cayetano? ¿Habrá dos programas IMSS-Bienestar?
Como confirman la reglas de operación del PIB de 2022, es claro que, si el acuerdo operará como un ensayo piloto de centralización del “sueño” de AMLO para atender a toda la población abierta sin seguridad social, la lección es clara: para cubrirla adecuadamente se requiere diseñar un nuevo modelo de atención –que no puede ser el IMSS-Bienestar “ampliado”– de alcance nacional ajustado al actual perfil rural-urbano de daños a la salud, con el correspondiente equilibrio prevención-cura que prescribe la atención primaria de la salud y dotado de un capítulo laboral reforzado en consonancia con la labor que desempeñan hoy los equipos nacionales de salud.
Ello ordenaría también todo el modelo de formación de recursos para la salud en curso para disponer de más médicos generales y especialistas, incrementando la matrícula universitaria y creando nuevos espacios, como la Universidad de la Salud y el Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez.
Toda vez que la presencia de ese nuevo modelo de atención activaría por primera vez una real alternativa posneoliberal de atención montada sobre una verdadera –y no teórica– atención primaria a la salud, privilegiando la prevención sobre la base de la acción comunitaria y no sólo la “participación” de la comunidad. No sólo un cambio de políticas sexenales. Un profundo cambio de régimen sanitario, a la altura de la 4T.
Cabalmente diseñado por la Ssa como cabeza sectorial, ese nuevo modelo de atención podría regir las reglas de operación del mencionado acuerdo en beneficio de toda la población abierta sin seguridad social que “sueña” cubrir el presidente López Obrador.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
