Los normalistas de Ayotzinapa, y no el crimen organizado que controla el estado de Guerrero, son quienes reciben los ataques de la Guardia Nacional y de la policía antimotines de la gobernadora Evelyn Salgado. Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, escribió en sus redes: “‘¡Ataquen como si estuvieran en una guerra!’, fue la orden del superior a la Guardia Nacional. Los militares disfrazados de policía del pueblo avanzaron sobre las madres y padres de familia para impedirles el ejercicio de su derecho de libre expresión, reunión y protesta”, refiriéndose a la movilización del 28 de enero en la caseta de cobro de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.
“El uso de la fuerza, exhibido contra madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, no se muestra contra los grupos de la delincuencia organizada que imponen terror y muerte en amplias zonas del estado de Guerrero”, escribió Rosales, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó “los actos de intimidación y censura cometidos contra familiares de los estudiantes desaparecidos”.
Siete días después de la agresión, cientos de normalistas de Ayotzinapa regresaron al mismo punto y el enfrentamiento no se hizo esperar. El gobierno federal y la hija de Félix Salgado Macedonio insisten en no dejarlos mover y arribaron con todo el aparato del Estado, impidiendo su acción política. “Ayotzinapa se va a defender”, declararon los estudiantes. Y el gobierno federal lo sabe. ¿Por qué impedirles la protesta y recaudación de fondos?
En conferencia de prensa, la tarde de ayer los normalistas cuestionaron a la sociedad que los está dejando solos: “Nosotros no somos el enemigo. ¿Por qué nos tratan como delincuentes y ladrones? Antes de criticar vean cómo vivimos en la sierra de Guerrero, donde el narco se pasea y controla los caminos, pero para el gobierno nosotros somos el enemigo”.
El amplio operativo policiaco se desplegó horas antes de que llegaran los estudiantes. Los estaban esperando. Se inicia así un nuevo episodio de una relación con el gobierno federal al que durante tres años le otorgaron el beneficio de la duda.
