La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a integrantes de nueve despachos jurídicos y al ex consejero jurídico del Ejecutivo federal Julio Scherer por presuntos actos de corrupción, extorsión, lavado de dinero y tráfico de influencias, como parte de una presunta red delictiva que operaba con el abogado Juan Antonio Araujo Rivapalacio.

Funcionarios ministeriales señalaron que el subprocurador Juan Ramos –uno de los hombres de mayor confianza del fiscal Alejandro Gertz Manero– es el encargado de integrar las carpetas de investigación contra los abogados que participaron en los delitos, en los cuales presuntamente se presionaba a funcionarios ministeriales y judiciales para “resolver” casos de alto impacto e impedir que se les sancionara jurídicamente.

Hasta el momento la FGR ya judicializó la carpeta de investigación FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/SP036/2021, en la que el “agente del Ministerio Público de la Federación solicitó audiencia inicial para formulación de imputación, respecto de los investigados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, quienes supuestamente se relacionaron con el ex funcionario federal para “ayudar” a los involucrados en casos como el de Agronitrogenados, donde el empresario Alonso Ancira llegó a un acuerdo reparatorio por la venta de esa compañía a Pemex con sobreprecio de 200 millones de dólares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los funcionarios consultados señalaron que en estas indagatorias han comparecido empresarios, abogados y ex servidores públicos que presuntamente fueron extorsionados o solicitaron los servicios de los despachos para que las presuntas investigaciones en su contra fueran resueltas sin que se les involucrara en actos ilícitos o que fracasaran una vez que fueron puestos a consideración de juzgados federales a cambio de sumas millonarias.

Julio Scherer Ibarra se desempeñó como consejero jurídico de la Presidencia de la República desde el 1º de diciembre de 2018 hasta el 2 de septiembre de 2021, y la FGR judicializó la primera carpeta relacionada con este caso en diciembre pasado.

Presuntamente, aunque Scherer Ibarra lo ha negado en distintas ocasiones, en la indagatoria de la FGR se considera que el ex funcionario mantiene cercanía con los despachos y en algunos habría impulsado desde su cargo la resolución de indagatorias para clientes de abogados que han atendido casos como el de la Cooperativa Cruz Azul, donde se han librado órdenes de captura contra ex directivos de la cementera, como Guillermo Álvarez Cuevas.

Las indagatorias relacionadas con estos casos ya han generado solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para establecer la ruta de las entregas y de dispersión de recursos a través de operaciones financieras realizadas tanto en instituciones bancarias que operan en territorio nacional como en el extranjero.

En ese contexto, ayer através de Twitter, el empresario Paulo Díez Gargari informó que presentó una denuncia ante la FGR contra Julio Scherer Ibarra y otras personas “integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes, creada por Julio Scherer Ibarra desde una posición privilegiada de enorme poder político para obtener beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo, traicionando la confianza que depositó en él el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.

En el caso de los primeros cuatro abogados, el juez José Rivas González fijó la audiencia inicial para las 11:00 horas del próximo 28 de febrero en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en el Reclusorio Norte.