La SEP nació en 1921, pero al haberse cumplido ya un siglo es posible ver que prácticamente no hay una década en la que el Estado haya dejado de ejercer violencia –sangrienta o institucional– contra estudiantes y profesores tanto del nivel básico como superior. Es un fenómeno que se repite tantas veces que es difícil negar que existe un sustrato básico, estructural casi, que alimenta el reiterado recurso a la violencia incluso extrema por parte del Estado. Y se abre la interrogación: ¿por qué, por ejemplo, los bomberos de la Ciudad de México en 1942 cierran el paso a una manifestación de politécnicos y matan a hachazos a la estudiante Socorro Acosta en plena luz del día en el cruce de la calle Madero y Palma del Centro Histórico? ¿Por qué, al mismo tiempo, con diputados y senadores como testigos, la policía dispara una y otra vez contra la numerosa marcha y sus balas “tumban” a una mesera y a una quincena de estudiantes más? Y sólo pedían que se reconociera plena y legalmente al Poli y que la SEP avalara los títulos profesionales, además de planteles y presupuesto adicionales. Y en la década de los 20, los bomberos y la policía atacan violentamente a los estudiantes de la Universidad Nacional, que ya concluida la Revolución, querían sacudirse la herencia conservadora y autoritaria de Porfirio Díaz y Justo Sierra, sus creadores en 1910. Un legado que impedía que fuera la propia comunidad la que eligiera al rector, es decir autonomía plena. El primer día de la huelga –23 de mayo– los estudiantes habían ocupado el edificio de Medicina (a un costado de la SEP) y estaban en asamblea cuando arriban bomberos y policías. Con la ayuda de los vecinos los estudiantes resisten, pero más tarde, al ir en comisión a denunciar los hechos, son atacados a balazos por la policía. Y poco antes, el presidente Portes Gil los acusaba de “franca indisciplina” y les anticipaba: “quedarán sujetos a los reglamentos de policía y leyes penales para castigar[los] con toda energía”. (Silva Herzog: Una historia…: 44).
En 1956, una incursión de “1,800 soldados de los batallones 2º, 8º y 24º del Ejército al mando de tres generales” que expulsan violentamente a los estudiantes politécnicos del internado a fin de clausurarlo definitivamente. Eso vuelve mucho más difíciles las condiciones que tienen para estudiar los jóvenes venidos de otras entidades, sobre todo para aquellos –llamados “gaviotas”– quienes no tienen lugar en el internado, duermen bajo las escaleras y se alimentan de las sobras que dejan los internos. Resultado palpable de la desigual distribución de los presupuestos en las distintas instituciones públicas.
En 1958, el 12 de abril, los profesores del entonces Distrito Federal se manifiestan en el Zócalo y son objeto de una durísima represión por parte de la policía. Se reportan disparos de la policía. En la década de los 60, las y los estudiantes de universidades como la Michoacana, la Autónoma de Sonora son “disciplinados” por el Ejército, y más tarde las manifestaciones, con el rector Barros Sierra a la cabeza, son también disciplinadas el 2 de octubre en Tlatelolco. Un saldo de cientos de muertos, presos y torturados de la UNAM, del Poli, de la Normal, y más. La mitad de las normales rurales son cerradas, y quedan fuera maestros y estudiantes. La década de los 70 abre con la represión armada –organizada por el gobierno– de los halcones del 10 junio contra jóvenes de varias instituciones que marchan en defensa de la autonomía plena que habían conseguido los estudiantes de la Universidad de Nuevo León. Entre 225 y más de 300 son asesinados ese día de persecución y muerte, incluso en las clínicas donde atienden a los heridos. En las décadas siguientes la violencia es más sofisticada, masiva y silenciosamente institucional, pero con mucho mayor alcance contra niños y jóvenes. Así, en la década de los 80 y 90, los recortes presupuestales expulsan a cerca de 2 millones de niños y jóvenes de primaria y secundaria. Desde la década de los 90 y hasta hoy, las evaluaciones que discriminan a los y las pobres y a las mujeres no sólo niegan el acceso por falta de cupo, les agregan el estigma de una calificación que los devalúa (cuando ya con el derecho a la educación es perfectamente posible –y sano– asignar sin evaluar a los ya evaluados en años de escuela). Al comenzar el siglo XXI, 10 millones de niños cada año eran declarados “insuficientes” con la prueba Enlace, de Calderón. Y los 100 años de violencia cierran con los mil estudiantes de la UNAM presos por irse a huelga, los normalistas asesinados por los policías federales en la autopista del Sol en 2011, las represiones a los maestros de 2012 en delante –tanquetas y helicóptero en el Zócalo–, los 43 de Ayotzinapa y los más de 100 baleados en Nochixtlán. ¿Por qué el Estado, en la educación, una y otra vez? ¿Por qué contra niñas, niños y jóvenes, todavía hoy en la 4T?
A César Navarro, que supodarnos una explicaciónde esta violencia.
* UAM-Xochimilco
