Mexicali, BC., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó a su homóloga nacional investigar el caso de Keren Vallejo, de 31 años, quien murió por una supuesta complicación médica después de que el domingo pasado se le practicara una cesárea en un hospital del IMSS de esta ciudad y cuyo cadá-ver fue entregado al Servicio Médico Forense (Semefo) después de tres días, sin órganos en cabeza, tórax y estómago.

La CEDH abrió de oficio el folio 310/2022, con fecha del 3 de febrero, pero remitió la investigación a la CNDH al ser el IMSS una institución federal.

Los familiares de la mujer denunciaron dolo por parte del área de maternidad del Hospital 31 de Especialidades, en un caso que podría ser tipificado como violencia obstétrica, y acusaron negligencia en la atención posparto en la Clínica 30, así como en la liberación y tratamiento del cuerpo.

Michael Cortés, esposo de Keren, narró que cuando nació su hijo no le dejaron ver a su cónyuge y minutos después le indicaron que “se les había pasado poquito la anestesia”, por lo cual tuvo complicaciones y fue enviada de la Clínica 31 a la 30 porque no tenían el equi-po suficiente.

Señaló que los médicos le informaron que la razón del deceso de su pareja se debió a una hemorragia y le insistieron en firmar documentos que autorizaban la autopsia.

“Pido que se haga justicia, que paguen, que se les meta a la cárcel, porque es un homicidio”, reclamó.

La tarde del lunes, la hermana de la joven finada presentó una denuncia en el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Baja California por el delito de responsabilidad médica y técnica y/o lo que resulte bajo el NUC 03695/RAC 0202-2022-03695.

El coordinador del Semefo, César González Vaca, confirmó que el cuerpo de Keren no tenía ni un solo órgano cuando fue recibido el miércoles, por disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Manifestó que es la primera vez, desde que está al frente del Semefo, que sucede una situación como ésta y recalcó que carece de validez jurídica el certificado de defunción que emitió el IMSS, firmado por el doctor Alejandro Vizcaíno, que indica como causa de la muerte “Choque hipovolémico hemorrágico. Hemoperitoneo masivo”.

Destacó que el único autorizado para realizar una autopsia médico-legal es el Semefo y ningún patólogo en el estado retira todos los órganos de un cadáver, “ni siquiera uno entero, sólo muestras para realizar los estudios”, por lo que, dijo, debe ser el IMSS el que declare por qué optaron por esta práctica.

La delegada del IMSS en la entidad, Desirée Sagarnaga, aseguró que esto es “habitual” en las autopsias clínicas que realiza la institución para “brindar certeza y sirve de retroalimentación”.

Aseguró que el IMSS cuenta con personal autorizado y capacitado para hacer estos procedimientos y que cuando trabajaban en la autopsia arribaron elementos de la FGE para informarles que los deudos habían presentado una denuncia.

“En una autopsia clínica sí es parte del procedimiento el retiro de los órganos del cuerpo, para estudiarlos completamente en lo macro y lo micro” afirmó.

La titular de la dependencia res-ponsabilizó a los agentes de la fiscalía de llevarse los restos sin contar con los órganos, por lo que al llegar al Semefo estos no estaban; “los tene-mos ahí, identificados, y en cuanto lo requieran podemos entregarlos”.

La FGE detalló que los empleados del sanatorio no reportaron en qué condiciones iba el cadáver en el momento que se recogió y que el expediente de la indagatoria fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Añadió que el IMSS tampoco notificó sobre la muerte de la mujer, situación irregular, ya que cada fallecimiento debe ser reportado de inmediato, aun cuando sea natural.