Anduve merodeando en la información referente al Instituto Nacional Electoral (INE) contenida en el buscador temático de la Plataforma Nacional de Transparencia (https://is.gd/UVHYeO), abrí al azar un contrato de adjudicación directa y encontré lo siguiente: en marzo de 2019 el organismo electoral firmó un contrato de renta plurianual con MZ Financiera Integral para la sede de su junta local ejecutiva en Mérida, Yucatán. Se trata de un inmueble localizado en la Calle 9 número 145, por 32 y 34, en la colonia Buenavista, Código Postal 97127 (https://is.gd/vmzATL).
De acuerdo con la información difundida por el propio INE (https://is.gd/CakSNS), una junta local ejecutiva es la presencia directiva del organismo en una entidad y está integrada por un vocal ejecutivo, un vocal secretario, vocales de organización electoral, del Registro Federal de Electores y de capacitación electoral y educación cívica, y debe sesionar al menos una vez al mes. Unas ocho personas, más personal de apoyo posiblemente integrado por otras 15, entre secretarias y secretarios, oficiales administrativos y personal de limpieza y vigilancia. Digamos que tiene un requerimiento de áreas de oficinas para 25 personas con presencia permanente. Ah: el contrato estipula que en el local funcionarán todas las instancias que integran la junta local ejecutiva, “exceptuándose a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la propia junta”, de lo que se infiere que se rentó para esa vocalía un local adicional.
Hace un par de días acudí a mi sucursal bancaria a realizar un trámite y conté 22 personas que laboraban allí de planta más unas 15 o 20 como población flotante, es decir, los usuarios que acudíamos a las cajas o a realizar algún papeleo. La sucursal tiene unos 100 o 120 metros cuadrados.
La diferencia no es necesariamente cuestionable. O mis cálculos sobre el personal de una junta local ejecutiva son erróneos o bien una dependencia de este tipo requiere, por alguna razón, seis veces más espacio que la sucursal de un banco. Todo bien.
Por otra parte, el inmueble objeto del contrato referido tiene mil 350 metros cuadrados de terreno con “una superficie rentable de construcción de 660 metros cuadrados”, según el documento, en el que se estipula una renta mensual de 155 mil 698 pesos con 46 centavos.
En una página de bienes raíces (https://is.gd/QFuRgA) realicé una búsqueda de casas en renta en esa misma colonia meridana y encontré cuatro de dimensiones parecidas a la que alquiló el INE. Hallé una con 2 mil metros cuadrados de terreno con superficie habitable de 694, con una renta de 105 mil pesos mensuales (https://is.gd/1bgwDv); otra, de 2 mil 35 metros de terreno con 540 construidos (https://is.gd/xGaqKu), en 130 mil pesos; una tercera de mil metros cuadrados de terreno y 500 de construcción, en 28 mil pesos (https://is.gd/24RChw), y una más de mil 174 metros cuadrados de terreno y mil 254 de construcción, en 60 mil pesos (https://is.gd/XEvSd0).
El terreno promedio de esas cuatro propiedades es de mil 552.25 metros cuadrados, algo superior a los mil 350 metros cuadrados del local alquilado por el INE, en tanto que el área construida promedio es de 747 metros, 87 más de los 660 con que cuenta la junta local ejecutiva. En cuanto a la renta promedio, es de 80 mil 750 pesos, superada en casi 100 por ciento por los 155 mil 698 pesos con 46 centavos que paga el INE por un inmueble más pequeño que el promedio.
El contrato en cuestión está en vigor desde el 1º de enero de 2019 y, como su nombre lo indica (“plurianual”), se ha ido prorrogando de entonces a la fecha, o sea que se han pagado ya 37 meses de un alquiler que es superior a las rentas promedio de la zona en casi 75 mil pesos, valga decir se han gastado 2 millones 775 mil pesos de más.
No sé si se trata de un caso excepcional o regular, si hubo un moche entre el arrendador y el funcionario del INE que firmó el contrato como representante legal del arrendatario, si fue un mero descuido o si este derroche de dinero público es resultado de la insolencia tecnocrática que se siente merecedora de espacios lujosos e innecesarios. Refiero un caso concreto y creo que vale la pena repetir el ejercicio con la mayor cantidad posible de documentos del organismo electoral. Todo ciudadano puede hacerlo y para ello no se requiere de doctorado en Harvard o Yale, sino de una computadora y una conexión a Internet. Si se realizara una compulsa más o menos regular, o incluso un muestreo más o menos al azar, cualquiera podría hacerse una idea propia y precisa de si los dineros asignados al INE –que son de todos– se manejan con pulcritud y decencia, o si no.
Aquí está el vínculo a los papeles: https://is.gd/UVHYeO.
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