Una denuncia formulada por el abogado Juan Collado Mocelo es parte de los fundamentos en que la Fiscalía General de la República (FGR) sustentará la causa penal 550/2021 abierta en contra de litigantes como Juan Antonio Araujo, quien llegó a representar o a involucrarse en casos como el del empresario Alonso Ancira, y a los que les ofrecían “resolver” casos de alto impacto, detener las indagatorias y posibles judicializaciones si entregaban sobornos que supuestamente llegarían a funcionarios de alto nivel.
Lo anterior fue revelado por fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF) que conocieron los primeros datos entregados por la FGR para que se realice la audiencia de vinculación a proceso el próximo 28 de febrero.
En tanto, funcionarios ministeriales señalaron que la FGR ha iniciado al menos tres carpetas de investigación relacionadas con este caso, ya que en la red de corrupción habrían participado varios despachos de abogados en la intermediación de acuerdos y transferencias financieras con los recursos entregados por quienes pretendían que sus casos no se judicializaran, mismos que formaban parte de los pagos supuestamente acordados.
El esquema de operación era contactar a empresarios o funcionarios señalados de incurrir en actos ilícitos, elaborar presuntos esquemas de defensa y litigación que incluían el presunto pago de sobornos para retrasar las investigaciones en la FGR; sin embargo, la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero dio cauce a las denuncias recibidas.
Entre ellas, señalaron las autoridades consultadas, la del abogado Juan Collado Mocelo, quien como parte de sus actividades profesionales defendió a personajes como Raúl Salinas de Gortari y el ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, y ahora enfrenta acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal.
El litigante, que se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019, negoció durante un año un criterio de oportunidad con la FGR para que se le permitiera enfrentar sus procesos en libertad, y ello se concretó en diciembre pasado, pero la difusión pública de este acuerdo provocó que se suspendiera el beneficio.
Sin embargo, el jurista, a decir de las fuentes consultadas, ofreció detalles de la manera en que el grupo de abogados que encabeza Juan Antonio Araujo participaron supuestamente en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 28 de febrero está acordada la realización de la audiencia inicial en contra de Juan Antonio Araujo y tres de sus socios que presidirá el juez José Rivas González.
