El Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá hoy la convocatoria para la realización de la consulta de revocación de mandato el 10 de abril. En sesión de consejo general se aprobarán los términos en que se efectuará ese ejercicio democrático, entre los que destaca una drástica reducción en el número de casillas que se instalarán, pues se perfila que serán 57 mil 677, esto es, 103 mil casillas menos que las establecidas por la Ley Federal de Revocación de Mandato que estipula que deberán ser las mismas que la última elección presidencial, alrededor de 160 mil.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación despresuriza el entorno y permite que el INE lo organice con sus recursos disponibles y sin que el incumplimiento de los términos de la ley implique alguna responsabilidad administrativa o penal para los funcionarios del instituto, sostuvo el consejero Uuc-kib Espadas. “Nos quita un enorme problema de enfrente, teníamos que estar trabajando prácticamente en dos pistas organizativas, en torno a los recursos que se podrían obtener y adecuarlo a las condiciones legales que establece la ley”.
Con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó al INE realizar mayores economías en su gasto para canalizarlo a la revocación de mandato, ejercerá mil 503 millones de pesos y redujo su costo en 500 millones de pesos con respecto a la proyección original. Según el instituto, esto le permitió subsanar 2 mil 91.5 millones de pesos de los poco más de 3 mil 800 millones de pesos en que se proyectó.
Por ello, la negativa de la Secretaría de Hacienda a la solicitud de ampliación presupuestal por mil 738 millones de pesos motivará el ajuste en la cantidad de casillas a instalar. Un esfuerzo cuestionado desde el gobierno federal y Morena que consideraron que podría aún aportar mayores recursos de los fideicomisos con los que cuenta y reduciendo las elevadas percepciones y prestaciones que existen en el INE.
Se pretende reducir gasto en la capacitación
Similar a lo sucedido en la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado, se instalarán 57 mil 677 casillas (300 de ellas especiales), es decir, 600 más que el primero de agosto cuando el abstencionismo alcanzó 93 por ciento. Se pretende reducir el gasto en uno de los rubros más costosos: la capacitación de funcionarios de casilla, al compactar la contratación de personal pues se parte de que cada capacitador tendrá a su cargo un promedio de 5.5 casillas.
Espadas señaló que hoy se definirán la totalidad de casillas a instalar y otras características del ejercicio, acorde a la disponibilidad financiera del INE. Está claro que la SCJN determinó que el INE organice con los recursos con los que cuente, pero tampoco es un “cheque en blanco” para el instituto. Señaló que como parte de los ajustes realizados por instrucción del TEPJF, se dispuso de una reducción extraordinaria de 200 millones de pesos, que aún no se tiene certeza de dónde se impactarán.
Celebró los términos de la decisión porque distiende el ambiente y permite al INE abocarse a la organización al disiparse las dudas presupuestales. En este contexto alertó: en esta ocasión las profundas diferencias en torno a la organización y financiamiento se dieron en un ambiente relativamente en calma, pero no es sano repetir estas tensiones en un ambiente de mayor confrontación ni tampoco se puede mantener la apuesta a precarizar la organización de estos procesos.
“Por lo pronto, fue una decisión correcta constitucional y justa que mete orden en un proceso que se había vuelto muy confuso”.
Por la noche, en el TEPJF se circuló el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera relacionada con el incidente de inejecución de sentencia que promovió el INE por la negativa de la SHCP a otorgarle mayores recursos. Fuentes Barrera propuso considerar infundado el recurso del instituto toda vez que de la sentencia del propio TEPJF no se desprendía ninguna obligatoriedad de ampliar el presupuesto, sino de responder de forma fundada y motivada.
Al cierre de la edición, se preveía una sesión privada de los magistrados del tribunal que deberán resolver antes de que hoy el INE emita la convocatoria.
