Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos impide a su país honrar compromisos de deuda, y aseguró que, de levantarse las sanciones contra la nación, Caracas respondería inmediatamente a sus obligaciones financieras adquiridas.
El mandatario aseguró antenoche que la Casa Blanca se aprovecha de su posición de dominio sobre buena parte del sistema financiero y sobre el dólar para impedir “de manera criminal e inmoral” que Venezuela cumpla sus compromisos internacionales.
“Si Estados Unidos levantara las sanciones, nosotros responderíamos a los tenedores de bonos al día siguiente, tenemos la propuesta, estamos dispuestos a conversar, abiertos al diálogo”, aseguró.
Maduro declaró que “los principales perjudicados por las decisiones de penalizaciones contra la economía y las finanzas fueron los tenedores de bonos (deuda) que han perdido miles de millones de dólares”. El mandatario aludió que su gobierno mantiene mesas de diálogo con los tenedores de bonos venezolanos y que tiene disposición de cancelar las obligaciones.
“Hemos hecho (a los acreedores) una propuesta poderosísima para Venezuela: honrar sus compromisos (...) Pero el gobierno de Estados Unidos lo impide”, expuso Maduro en un acto con banqueros locales transmitido por la televisión estatal, sin detallar la propuesta presentada a los bonistas para cancelar las obligaciones.
El país petrolero suspendió en noviembre de 2017 los pagos a los compradores de bonos estatales. En aquel momento, planteó renegociar la deuda, que ronda los 60 mil millones de dólares, sin embargo, el proceso se congeló por la crisis política y las sanciones de Washington que impiden a ciudadanos y empresas de Estados Unidos reunirse con funcionarios venezolanos.
En octubre de 2020, hubo un nuevo intento de renegociación por parte del gobierno, sin éxito.
En la referida reunión con los banqueros, el jefe de Estado venezolano anunció medidas para flexibilizar los préstamos a la iniciativa privada, que han estado restringidos desde hace cuatro años y ha afectado áreas claves de la economía. La banca local podrá destinar 10 por ciento de los depósitos del público en divisas a créditos para sectores productivos. Esos préstamos, que serían equivalentes a unos 74 millones de dólares, serán autorizados en moneda local e indexados al tipo de cambio, detalló la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El Banco Central revisará el encaje legal y ordenará a las instituciones inmovilizar 73 por ciento de los depósitos, antes era 85 por ciento.
La Asamblea Nacional autorizó al gobierno cobrar un impuesto a las transacciones en divisas dentro del país sudamericano, en medio de la dolarización de facto.
El impuesto tiene tasas de entre 2 y 20 por ciento, según la reforma aprobada por los diputados del gobierno chavista.
