Conocido es que en el régimen neoliberal los consorcios mineros gozaron de todo tipo de “facilidades” gubernamentales para saquear, destrozar y repartir tóxicos por buena parte de la geografía nacional, y no hay día en que no se documenten las tropelías por ellos cometidas, sean estos nacionales o foráneos y con el aval de la “autoridad”, porque donde se aprieta brota pus.
El presidente López Obrador ha puesto en la agenda el caso de un consorcio estadunidense (Vulcan Materials Company, que en México opera con sus subsidiarias Legacy Vulcan y Calica), dedicado al “aprovechamiento” (minería) de materiales no metálicos en Quintana Roo que dice contar con una concesión “perpetua” y otras a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, renovadas y ampliadas a lo largo de los años hasta el cierre del sexenio zedillista. Esta empresa exporta la producción a su país de origen y ha devastado las 4 mil 200 hectáreas en las que opera (municipio de solidaridad, especialmente en la zona de Playa del Carmen).
López Obrador detalló: “estos permisos los entregaron antes del 2000. Y fíjense cómo eran las cosas antes, no le pusieron ni siquiera límite a la concesión, porque en otros casos, bueno, concesionaron el puerto de Veracruz, en el tiempo de Salinas, 100 años, pero acá ni siquiera hay fecha. Claro que hay violaciones: están destruyendo el medio ambiente. Otros dos predios sí (tenían) un plazo que venció, porque entregaron los permisos el último día del gobierno de Zedillo, a finales del 2000, y son a 20 años, o sea, que ya, pero antes de que terminaran, en 2016, presentaron denuncias internacionales; quieren que se les pague mil 100 millones de dólares, o sea, aparte aparecen como ofendidos”.
Las “autoridades” ambientales de sexenios pasados se echan la bolita, porque la federal asegura que se trata de permisos estatales y éstas que fue aquella, pero lo cierto es que el citado consorcio estadunidense ha devastado la zona con “autorizaciones” más oscuras que la noche.
Ahora, Julia Carabias, titular de la Semarnat en el sexenio de Zedillo, asegura que “no autorizó el inicio de sus obras” y la extracción del consorcio “se ha dado con permisos estatales por varios años; no fui responsable de ese proceso”. Sin embargo, Legacy Vulcan afirma que “en diciembre de 1996 el estado de Quintana Roo emitió la autorización ambiental” para sus proyectos, y asegura que la dependencia que encabezó Carabias hizo lo propio “en noviembre de 2000”.
El punto es que “ya no se va a permitir nada de extracción, nada” (AMLO dixit), no sólo porque las concesiones vencieron, sino porque el consorcio estadunidense ha devastado la zona. A cambio, López Obrador le ofrece “facilidades para que utilice los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo. Y, desde luego, que quite las demandas, porque tienen vencidos los permisos para sacar material”.
En efecto, desde septiembre de 2018 -aún en la administración peñanietista- Legacy Vulcan recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, un oscuro brazo del lóbrego Banco Mundial, un traje a la medida para defender los intereses privados frente a decisiones gubernamentales de los distintos países) para “someter a su arbitraje las controversias” con la autoridad mexicana, para lo cual contrató al despacho Creel (fundado por Luis Creel Luján, tío del panista Santiago Creel Miranda), García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, el cual se promueve como especialista “en las más complejas y sofisticadas operaciones transfronterizas y nacionales que se han consumado en México”, con el ojo puesto, desde su origen, “en la representación legal de inversionistas extranjeros del sector minero”.
Pero bueno, ahí está la propuesta de López Obrador, aunque “si ellos dicen que no, pues eso no va a ser conveniente para nadie; no nos quedaríamos nada más con esta denuncia; vamos, si es necesario, a acudir a la ONU y a otros tribunales internacionales, porque es destrucción de nuestro territorio. No puede permitirse que se destruya la naturaleza, el medio ambiente”.
Las rebanadas del pastel
Gancho al hígado de los privatizadores: “Ken Salazar, embajador estadunidense en México, afirmó que el presidente López Obrador ‘tiene razón al decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo’ y pidió entender el sustento del mandatario sobre su reforma en materia eléctrica” ( La Jornada, Georgina Saldierna y Enrique Méndez).
