Abogados, juristas y médicos plantearon en la Cámara de Diputados que la objeción de conciencia no sea un derecho absoluto del personal médico y de enfermería y que su regulación no debe implicar que se aplique sólo desde una visión de fe.
En el parlamento convocado por la Comisión de Salud para recibir propuestas en la materia, el director jurídico de la Cámara, Luis Genaro Vázquez, planteó que esa figura se condicione a que su práctica no afecte derechos de terceros.
Resaltó que la objeción de conciencia no se aplique cuando se ponga en peligro la vida de las personas o no dé pie a actos de discriminación, sobre todo a miembros de las comunidades LGBTI, indígenas y afromexicanas, mujeres y grupos vulnerables.
La discusión en la cámara se abrió porque en septiembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, al considerar que no se definían con claridad sus alcances y límites, lo cual podría poner en riesgo los derechos de los pacientes, en casos como la interrupción del embarazo.
Los ministros ordenaron al Congreso legislar para que la objeción de conciencia garantice los derechos del personal médico y de los ciudadanos, y los grupos parlamentarios han presentado diversas iniciativas al respecto.
“No queremos un enfrentamiento de las convicciones éticas de los médicos, con la salud de los pacientes”, expresó ayer en el foro Patricio Santillán, director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Durante la presentación de opiniones, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pauline Capdeville, expuso que el punto álgido de la objeción de conciencia se centra en la salud sexual y reproductiva, área donde, en no pocos casos, forma parte de una estrategia más amplia para cancelar el derecho a la salud especialmente, que afecta a las mujeres, lo cual resulta inadmisible en un Estado laico.
Recordó el caso de la niña Paulina, quien fue violada a los 13 años en Mexicali, Baja California, y a quien “la obligaron a ser madre porque algunas personas consideraron que sus creencias religiosas deberían prevalecer por encima de las aspiraciones de ella y por sobre la ley”.
El diputado Joaquín Zebadúa (Morena) resaltó que, aun cuando el personal de salud tenga el derecho a ejercer la objeción de conciencia, el incumplimiento de sus deberes con la ciudadanía representa un peligro que puede lesionar los derechos, la integridad personal, la salud e incluso la vida. El actual vacío normativo, expresó, deja en estado de indefensión a los mexicanos.
