El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la estrategia presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener ahorros que le permitieran incrementar sus recursos para la organización de la consulta de revocación de mandato. Al resolver un recurso de Morena en el que argumentaba las insuficientes medidas del INE, el TEPJF consideró que “la libertad de gestión del órgano electoral impide que se le pueda ordenar la adopción de decisiones y medidas específicas en el ejercicio de su presupuesto “.
Morena desglosó los rubros en los que el INE podría obtener mayores recursos que le permitieran financiar el ejercicio y que sumaban 2 mil 602 millones de pesos que provendrían de cancelar gastos excesivos en ámbitos como seguros médico privado; las elevadas percepciones de los altos funcionarios del INE; los fideicomisos que irregularmente, asevera el partido, mantiene el INE (fondo de retiro individualizado y fondo de infraestructura).
Asimismo, el TEPJF consideró que estaba “debidamente justificado” que el INE haya fijado un plazo para recibir la respuesta de la SHCP, después de que realizó los ajustes internos. “Es indispensable que, de manera oportuna, tenga certeza de los recursos con los que dispondrá para que, en caso necesario, realice los ajustes adicionales, tanto en la organización como en el desarrollo del procedimiento de revocación de mandato”.
Agregó: “mediante esta decisión, el TEPJF reitera la obligación de que las autoridades responsables den cumplimiento a las sentencias que dicta el TEPJF, a fin de proteger y garantizar los derechos político-electorales de las y los mexicanos”.
La resolución sobre las acciones del INE derivadas de la sentencia del TEPJF del 29 de diciembre donde le ordenaba revisar sus gastos a fin de obtener mayores economías, reconoció: “el INE efectuó ajustes presupuestales integrales, no sólo en las áreas encargadas de desarrollar la consulta, sino también en otros rubros de su presupuesto”.
Además de ello señaló que “derivado de la autonomía presupuestal y de libertad de gestión que le confiere la Constitución al INE, corresponde a éste, de manera exclusiva, definir las medidas de racionalidad y disciplina del gasto, lo que impide que se le pueda ordenar la adopción de decisiones específicas en el ejercicio de su presupuesto.
