Aun cuando en estricto sentido político no hay un verdadero litigio o diferendo en cuanto a la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, el ejercicio de revocación de mandato sigue generando definiciones y acomodos interesantes.

No es obligatorio que estos ejercicios se realicen automáticamente, sólo en aquellos casos en que, pasados los tres primeros años de una gestión gubernamental, haya el número suficiente de ciudadanos que deseen retirar del cargo a un presidente de la República y, en su caso, a gobernadores estatales.

De aquí se desprende una primera distorsión o contradicción en el impulso del ejercicio pionero, pues ha sido propiciado esencialmente por apoyadores de López Obrador, no por sus impugnadores (éstos, permítase la acotación, han preferido una retirada oportuna, más que pelear contra la sabida popularidad del actual Presidente). Por ello el sector promotor ha insistido en instalar y sostener la variante ratificatoria en la pregunta del caso, que en otras condiciones podría ser sólo en el sentido constitucional del tema, el revocatorio.

La batalla ha involucrado de manera totalmente intencional, a juicio de este columnista con credencial de elector por vencer, al instituto del ramo, presidido por Lorenzo Córdova, un investigador de la UNAM que llegó al puesto en 2014, en condiciones políticas que han cambiado, lo que lo ha vuelto disfuncional ante los nuevos aires emanados de 2018.

La pugna por los recursos presupuestales para ejecutar el revocatorio ha sido un argumento, de ambas partes, para acelerar la pelea en busca de remover a Córdova de la presidencia del Instituto Nacional Electoral o, en el otro flanco, de sostenerlo ahí un tiempo y acaso convertir el conflicto en una plataforma propicia para una eventual candidatura opositora del propio Córdova, victimizado.

Las discusiones sobre presupuesto, términos de la pregunta y número de casillas son relativamente bizantinas, pues el revocatorio no tiene sustancia práctica inmediata, salvo la confirmación de la preponderancia actual del obradorismo: no hay pelea, los adversarios de Palacio Nacional ni siquiera se han querido subir al ring y el único espectáculo por venir será la ratificación del cinturón de campeonato político sexenal para un tabasqueño hiperactivo.

Ayer, la Corte autorizó al INE a hacer el revocatorio con los recursos disponibles, sin que se pueda pretender alguna responsabilidad penal o administrativa contra los consejeros y la institución por no cumplir el ordenamiento constitucional que establece que ese ejercicio debe ser similar al de la elección presidencial. Lo trascendente, en realidad, es el futuro político de ese INE hoy ya tocado. Batallas por venir.

Como era de suponerse, el tratamiento que en las conferencias mañaneras de prensa se ha dado al caso de Pedro Salmerón y la respuesta a la canciller de Panamá (una “Santa Inquisición”), ha generado reacción en este país. El ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999, llegado al poder a nombre del Partido Revolucionario Democrático, https://bit.ly/3sc1wSX, miembro del foro de Sao Paulo) tuiteó: “La actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México”.

Es de esperarse que no escale el trance, que ya va más allá del caso específico del historiador Pedro Salmerón. Sería deseable que en el futuro México recurra al mecanismo usual de solicitar primero el beneplácito de los países a los que se propone embajador, antes de anunciarlo unilateralmente. Y también debe aceptarse, con apego a las reglas diplomáticas, la decisión soberana del correspondiente país de adscripción de extender o no ese beneplácito.

Y, mientras el muy movido embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se ha reunido con los secretarios mexicanos de la Defensa Nacional y de la Marina, ¡hasta mañana!

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