Chilpancingo, Gro., El tema de la participación del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa ha provocado fricciones en la mesa de diálogo, incluso con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues “prácticamente en las tres últimas reuniones no se avanzó en nada”, afirmó el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Entrevistado durante la marcha por el 50 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, el abogado de las familias de los normalistas desaparecidos denunció que hay un endurecimiento en contra de sus representados por parte de los gobiernos federal y estatal. “(Ahora) ya no sólo les mandan a la Guardia Nacional a las casetas, ahora se les persigue y se les vigila.”
Insistió que las fricciones se deben a la responsabilidad de los militares en la desaparición de los estudiantes, pues ha habido posicionamientos tensos entre gobierno y padres de familia, lo que complica la situación.
Señaló que si bien el Ejército ha colaborado en las búsquedas e incluso hubo un acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “para que se abrieran los archivos de la Novena Región Militar y la 35 Zona Militar, así como los batallones 27 y 47 de infantería, y los expertos pudieron revisar los archivos relacionados con el caso Ayotzinapa”, el vínculo se ha tensionado.
No obstante, destacó que gracias a esa revisión, los expertos encontraron la intersección telefónica entre un supuesto miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos con personal de seguridad pública de Iguala.
“Pero ahí se dio un desacuerdo porque los padres de familia decían que faltaba más disposición de las fuerzas armadas, y el presidente López Obrador mencionó que dio la orden para que se accediera a los archivos, como muestra de voluntad política”.
Otra fricción, manifestó Rosales, ocurrió “cuando el gobierno decidió hacer pública esa conversación y los padres de los 43 consideraron que se podían jalar hilos, a fin de profundizar en la investigación”.
