Washington. El gobierno del presidente Joe Biden busca otorgar residencia permanente en Estados Unidos a las familias migrantes separadas en la frontera con México durante la política de “tolerancia cero” de su antecesor Donald Trump, informó ayer el titular del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas.
En tanto, una coalición de 55 organizaciones dirigidas por migrantes acusó al presidente Joe Biden de haber traicionado sus promesas al mantener “componentes claves” de las políticas de Trump. Criticó que Biden apoye y restablezca “políticas de inmigración draconianas” como el Título 42, que permite expulsiones de indocumentados, aunque sean solicitantes de asilo, con el pretexto de la pandemia de covid-19.
Mayorkas señaló que actualmente se concede a las familias reunificadas un permiso de permanencia humanitario en Estados Unidos con el cual pueden estar juntos nuevamente y vivir y trabajar legalmente en el país, pero es temporal.
“Abogamos por que el Congreso proporcione ese estatus permanente que requiere acción legislativa”, afirmó Mayorkas en entrevista con la radio pública NPR.
La Casa Blanca declaró que apoyaba esa iniciativa.
Biden, quien llegó al poder hace un año con la promesa de una política migratoria “justa y humana”, creó el 2 de febrero de 2021 el grupo de trabajo para la reunificación de familias migrantes que fueron separadas durante la era Trump (2017-2021) para desalentar los cruces fronterizos sin documentos.
De los 3 mil 913 indocumentados separados identificados, mil 779 fuern reunidos con sus familias durante el mandato de Trump.
“Hasta ahora hemos reunido a más de 120 familias. Estamos en proceso de reunificación de más de 400, y tenemos presencia en los países de origen para contactar otras familias y animarlas a iniciar el proceso”, agregó.
El DHS estima que unas mil 200 familias migrantes siguen separadas. La gran mayoría son centroamericanas, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, origen del creciente flujo de indocumentados detenidos en los últimos años en la frontera sur de Estados Unidos.
Biden, quien consideró “criminales” las separaciones, aseveró que apoyaba una compensación para las familias migrantes separadas, pero su gobierno abandonó el mes pasado las negociaciones con los abogados de quienes presentaron demandas judiciales.
Los querellantes, que buscan indemnizaciones por lo que consideran daño sicológico, anunciaron que seguirán adelante con los litigios.
A todo esto, la Casa Blanca confirmó que comenzó a “deportar” a Colombia a venezolanos que habían residido en ese país y que intentaron “entrar de manera irregular a Estados Unidos”.
