Los generadores de energía eólica se llevan el 80 por ciento de las ganancias, mientras que los campesinos que son propietarios de las tierras que se rentan para establecer los parques se quedan sólo con el 1 por ciento de las ganancias, señaló Héctor Sánchez López, del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante el Foro 12 del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica el empresario Manuel Baxade Hernandez pidió a los diputados aprobar la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las pequeñas y medianas empresas lo requieren para no volver a tarifas artificiales impuestas.

Sánchez López destacó que quienes invierten en las compañías privadas del sector eléctrico “son gentes que sacan préstamos de un lado a otro y lo invierten.”

“En ocho años recuperan toda la inversión. ¿Saben cuánto gastan para rentar tierra para los indígenas? El 1 por ciento y no aceptan que los campesinos se integren al desarrollo para que sean socios del mismo”, dijo.

“A los ocho años ya están teniendo ganancias de más del 80 por ciento de la producción que generan. La renta que pagan es del el 1 por ciento y de mantenimiento y para funcionar, el 10 o el 15 por ciento. Se quedan con más del 80 por ciento”, insistió.

Sánchez López llamó a los legisladores a “empoderar a nuestras comunidades, empoderarlas para que puedan ser parte de este desarrollo, nuestros pueblos van a terminar los 30 años con lo mismo”, dijo.

Baxade Hernández, quien es director general de Energy Saving de México, apuntó que cuando se comenzó a implementar la reforma de 2013 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) redujo las tarifas energéticas de forma artificial, pero antes de la llegada de López Obrador a la presidencia se incrementaron casi un 100 por ciento.

El empresario recordó que se busca evitar con la reforma eléctrica volver a ese aumento del precio de la energía, problema por el que en muchas ocasiones se manifestó el sector privado, pues afectó a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que representa casi el 90 por ciento de la unidades económicas del país.

Baxade Hernández apuntó que el actual gobierno sí está dando certeza al sector privado, por lo que la reforma eléctrica debe hacerse realidad.

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) manifestó que el tema no sólo se debe ver en contra o a favor, aunque en su conclusión fue no aprobarla por no contener un presupuesto de los costos de implementación y la cancelación de los contratos.

Apuntó que apoya la idea de que sea barata la energía, así como también que se considere como derecho humano, pero también la calificó como una mercancía.

Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), consideró que los cambios propuestas a lo artículos 25, 27 y 28 de la Constitución no conviene a México, porque considero que la CFE se convertirá en un monopolio y en un monopsonio, es decir, un único demandante o comprador.

Ramón Jiménez López, director de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, rechazó que la reforma eléctrica contravenga los compromisos hechos por México en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues el mismo pacto establece que el país es libre y soberano de cambiar su constitución política.

Apuntó que la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm no vino al país a regañar al presidente López Obrador, pues se le explicó que la reforma energética se hace para combatir la corrupción.