Nueva York., Al avanzar las investigaciones sobre las acciones de Donald Trump y sus aliados en una intentona golpista, se revelaron un par de órdenes ejecutivas redactadas por los asesores del entonces presidente saliente para instruir a fuerzas federales –incluso militares– incautar máquinas electorales de conteo de voto como parte del plan de anular y revertir el resultado de la elección presidencial de 2020, mientras Trump solicitó ayer que se investigue a su ex vicepresidente por no cumplir órdenes para frenar el proceso electoral.

El borrador de una de las órdenes ejecutivas (ninguna fue firmada por el presidente), que primero fue revelada por Politico hace poco más de una semana, fue redactado a mediados de diciembre de 2020 y dirige al secretario de Defensa a “incautar, coleccionar, retener y analizar toda máquina, equipo, información electrónica y documentos materiales” para después, en un plazo de 60 días, evaluar los resultados de la elección. Con esa propuesta, Trump se mantendría en el poder hasta por lo menos mediados de febrero de 2021; la transición presidencial se llevó a cabo el 20 de enero.

No hay precedente de fuerzas federales incautando maquinaria electoral, y algunos analistas afirman que esto sería nada menos que un golpe de Estado.

Esa orden también hubiera nombrado a una fiscal especial para examinar los resultados electorales y proceder penalmente contra quienes eran acusados de llevar a cabo el supuesto fraude electoral, que Trump insiste hasta hoy día le robó la elección.

También se encontró un borrador de un discurso que aparentemente fue redactado el mismo día del asalto al Capitolio titulado Comentarios para sanar a la nación, en el cual Trump habría condenado a quienes invadieron al Capitolio, afirmando que los “delincuentes” serían sometidos a la justicia y que los que cometieron actos de violencia “no me representan”.

Eso fue muy diferente al mensaje que emitió vía video después de rehusar comentar durante horas el día del asalto, cuando dijo a quienes estaban tomando por asalto el Capitolio: “tenemos que tener paz, entonces regresen a casa. Los queremos. Ustedes son muy especiales… sé cómo se sienten”.

Fue hasta el día siguiente que, ante una ola de críticas y especulación sobre si sería destituido por su gabinete, que Trump optó por un mensaje más parecido al del borrador para condenar la violencia.

Estos borradores, entre otros documentos, están en manos del Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio, y que sigue entrevistando a ex funcionarios, asesores y estrategas del gobierno de Trump –algunos han rehusado cooperar como Steve Bannon y Rudy Giuliani– y recaudando documentos relevantes.

Ahora se descubrió que había una segunda versión de la orden ejecutiva, ésta dirigida al Departamento de Seguridad Interna con instrucciones similares, reportó CNN. Más aún, Trump estaba participando, personal y directamente, en los planes para incautar las máquinas de conteo, reportó el New York Times citando múltiples fuentes.

Se sabe que alrededor de las fechas en que se elaboraron estos borradores había un debate intenso en la Casa Blanca con asesores como el ex general Michael Flynn y la abogada del presidente Sidney Powell, promoviendo la idea de estas órdenes ejecutivas, incluso contemplar declarar ley marcial, mientras otros asesores, alarmados, argumentaron en contra.

Estos hallazgos forman parte de cientos de documentos más que han sido entregados al Comité Selecto después de que la Suprema Corte rechazó la solicitud de Trump de que los archivos nacionales –donde se deposita toda la documentación federal, incluida la del Poder Ejecutivo– negaran entregar los materiales bajo el llamado “privilegio ejecutivo”. Los aproximadamente 700 documentos de la Casa Blanca incluyen comentarios, discursos, apuntes y diarios que, de acuerdo con la ley, son propiedad de la nación.

Algunos de estos documentos, se reveló ayer, fueron literalmente pegados de nuevo con cinta luego de que Trump los había hecho trizas con sus propias manos. Destruir documentos presidenciales podría ser considerado un delito, ya que no son, bajo la ley, propiedad del presidente, sino de la nación. El comité aún está en espera de miles de páginas más.

Mientras, Trump declaró ayer que pensaba que su ex vicepresidente Mike Pence debería de ser un objetivo de la investigación del Comité Selecto, ya que “no retornó los votos para su recertificación o aprobación” ese 6 de enero en la sesión conjunta del Congreso, llevada a cabo en el Capitolio y presidida por el vicepresidente, donde se certificaron los resultados de la elección nacional. Pence declaró ese día que no tenía el derecho constitucional para rechazar el voto final del Colegio Electoral, algo que su ex jefe jamás le ha perdonado.

Ese 6 de enero de 2021, algunos de quienes atacaron el Capitolio instigados por Trump interrumpiendo durante varias horas esa sesión conjunta para certificar el voto del Colegio Electoral y colocaron una horca en las afueras del edificio llamando a la ejecución de Pence. El vicepresidente e integrantes de su familia fueron escoltados a sitios seguros por el Servicio Secreto y la policía del Capitolio, junto con cientos de legisladores, para protegerlos de los invasores.

Por otro lado, ese mismo 6 de enero, resulta que la entonces vicepresidenta electa, Kamala Harris, estaba a unos cuantos metros de una bomba casera colocada en las afueras del edificio del Comité Nacional Democrático –sede nacional del Partido Demócrata– donde permaneció un par de horas antes de que se descubriera el artefacto, reportó CNN el lunes. Ya se había reportado sobre la visita de Harris al edificio y la bomba, pero no de los detalles sobre qué tan peligroso había sido ese día para la ahora vicepresidenta. No se ha encontrado a los responsables.