Ciudad de México. El decreto para la regularización de vehículos usados importados ilegalmente en México – aprobado el pasado 19 de enero –, no sólo vulnera el empleo de los más de 960 mil mexicanos que trabajan directamente en el sector automotriz, sino que además es un golpe directo tanto al 19.4% del PIB manufacturero, al propio Estado de Derecho, así como a la confianza depositada por inversionistas en el mercado, aseguro la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

A través de un comunicado de prensa, la AMIA dio a conocer su postura sobre la regularización en 10 estados de la República Mexicana de dos millones de vehículos “chocolate”, que circulan de manera ilegal en el país.

Asimismo, lamentó que no se les haya hecho partícipe a representantes de la industria automotriz en la conversación en torno al impacto que pueda tener la regularización de vehículos internados ilegalmente en nuestro mercado, pues esto afecta en gran medida no sólo la venta de vehículos nuevos, si no también los empleos que se generan en este sector, la seguridad de los transeúntes y el medio ambiente, así como en el bienestar de miles de familias que dependen de la industria automotriz mexicana.

“Como industria, nuestro compromiso ha sido promover y afianzar la seguridad e integridad de toda persona que se encuentre en algún espacio público, ya sea que se trate de ocupantes de vehículos, motociclistas, ciclistas o peatones. La mayor parte de los vehículos ligeros que ingresan de manera ilegal al país no garantizan el cumplimiento de las normativas y estándares de calidad y de mantenimiento con los dispositivos de seguridad adecuados que permitan preservar el bienestar de la ciudadanía”, señaló la AMIA.

Destacó que la regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando, permitirá la introducción de tantos o más automotores de los que actualmente circulan ilegalmente en el territorio nacional, además se debe considerar que la mayoría de estos no cumplen con las normas de seguridad y su alto impacto medioambiental al tratarse de vehículos altamente contaminantes,

Asimismo, dijo que con la emisión de este Decreto se generan afectaciones al mercado interno que a su vez se reflejará en una reducción en la recaudación de impuestos, como son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta (ISR) o el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

“En la AMIA consideramos que el Decreto publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 19 de enero del 2021, genera contradicciones y vulnera al sector. Dicho decreto promueve: 1. El ingreso ilegal de más vehículos, 2. Adiciona los estados de Durango, Michoacán y Nayarit cuando la intención original era facilitar la importación de vehículos ilegales en los estados de la frontera norte, 3. Viola principios de equidad y proporcionalidad, al exentar del pago de impuestos a quienes internaron vehículos ilegales al país o los adquirieron una vez ya internados, 4. Permite la regularización de vehículos usados con una antigüedad desde 5 años en adelante propiciando la regularización de vehículos chatarra con una muy corta vida útil, 5. No obstante que limita la regularización a un vehículo por persona física, permite que sean parte del programa sin darse de alta en el padrón de importadores”, destacó el organismo.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que el Decreto que fomenta la regularización, se traduce en fomento a la ilegalidad y la posibilidad de que dicha iniciativa se extienda por todo el país, replicando la violación al Estado de Derecho a todo el territorio nacional.

La AMIA indicó que como industria, respaldamos la importación de vehículos usados en tanto se cubran los requisitos previstos por el Decreto que regula su importación y se garanticen a las y los mexicanos derechos fundamentales como los enunciados previamente. El proceso de regularización de los vehículos internados ilegalmente al país no contempla la posible afectación a los empleados mexicanos, al medio ambiente, la economía, la seguridad vial y la salud pública en nuestro país.

“Reiteramos nuestro compromiso con México y sus habitantes, por lo que ratificamos nuestro interés y disposición por generar canales de comunicación abiertos y cercanos con autoridades gubernamentales para trabajar juntos en beneficio de las y los mexicanos”, finalizó.