Los gobiernos de México y Estados Unidos aplicarán 102 acciones para combatir la inseguridad, la criminalidad y a los grupos de la delincuencia organizada en ambos lados de la frontera. En ese contexto, la administración mexicana demandó “juego limpio” a la Casa Blanca a fin de alcanzar resultados concretos en materia de seguridad.
Funcionarios del alto nivel de los dos gobiernos trabajaron ayer a puerta cerrada en la sede de la cancillería mexicana para revisar el Plan de Acción 2022-2024 del Entendimiento Bicentenario, el nuevo acuerdo sobre seguridad bilateral.
Son tres los objetivos centrales que buscan las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador: proteger a sus ciudadanos, prevenir delitos transfronterizos y perseguir las redes criminales.
Los primeros minutos de la reunión se abrieron a los representantes de los medios informativos. En ese espacio, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, planteó: “Las reglas de operación de esta novedosa figura de cooperación deben caracterizarse por el juego limpio, en el que la coordinación y el diálogo entre los representantes de cada país sean una condición inalterable en su proceder, para vigilar el cumplimiento de requisitos de cada proyecto, así como las prioridades estratégicas en las regiones de mayor interés”.
Remarcó que la seguridad de México y de Estados Unidos es un asunto binacional y siempre debe ser vista bajo los principios de respeto a la soberanía y las leyes de cada país.
En conexión remota, la subsecretaria para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado estadunidense, Uzra Zeya, destacó la importancia de la cooperación bilateral para abordar las prioridades de seguridad compartidas como la reducción de la producción, el tráfico y el consumo de drogas, especialmente sintéticas; la interrupción de las finanzas ilícitas y el tráfico de armas que favorecen las organizaciones criminales trasnacionales y aumentan la violencia, así como la construcción de instituciones de justicia y aplicación de la ley transparentes, responsables y equitativas.
De acuerdo con los documentos difundidos tras el encuentro de trabajo, que se prolongó varias horas, se acordó colaborar bajo diferentes esquemas. En el rubro de protección a la ciudadanía se instalaron tres áreas: salud pública, apoyo para comunidades más seguras y reducción de los homicidios y otros ilícitos de alto impacto.
Para la prevención de los delitos transfronterizos se establecieron cuatro instancias: modos de transporte y comercio seguros, reducción del tráfico ilícito de armas de fuego, desmantelamiento de la capacidad de las organizaciones criminales trasnacionales y sus cadenas ilícitas de suministro, y la reducción de la trata de personas y el tráfico de migrantes.
Mientras para la persecución de las redes del crimen se instauraron cuatro espacios de colaboración: desmantelamiento a los financieros ilícitos, fortalecimiento de la capacidad de los actores del sector de seguridad y la justicia para investigar y enjuiciar a la delincuencia organizada, aumento de la cooperación para hacer frente a las amenazas compartidas en el ciberespacio y mayor cooperación en materia de extradiciones.
El canciller Marcelo Ebrard y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacaron la “nueva era” de cooperación entre los dos países. En el encuentro participaron también los secretarios de la Defensa y de la Marina, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda Durán, entre otros.
