Ciudad de México. En la réplica presentada ayer por el gobierno de México ante la Corte Federal de Massachusetts a los alegatos de los fabricantes de armas demandados que han pedido desestimar en litigio civil en su contra, la representación mexicana hace énfasis en el impacto que el arsenal producido por estas empresas ha tenido en el país.

En la respuesta mexicana destacan datos como el hecho de que entre 2011 y 2020 alrededor de 250 mil armas, pistolas y rifles de tipo militar provenientes de Massachusetts, entraron de manera ilícita a México.

El propio canciller Marcelo Ebrard Casaubón dio cuenta en sus redes sociales de estos datos al afirmar que las empresas señaladas han fabricado estos productos, los cuales se han decomisado al crimen organizado en diferentes operativos en el país: “250 mil armas provenientes de Massachusetts fueron confiscadas en México, todas vinculadas a homicidios y delitos contra nuestra sociedad. Por eso la demanda y por eso ganaremos. No más armas”.

De acuerdo con la réplica de la representación mexicana, de esa cantidad de confiscaciones, 129 mil 47 armas eran marca Smith & Wesson; 59 mil 900 Colt; 17 mil 565 fabricadas por Beretta; 17 mil 43 marca Century Arms; 16 mil 600 Ruger, 8 mil 240 Glock y mil 818 marca Barret, que es productora de rifles antimateria, “capaces de derribar helicópteros y penetrar vehículos blindados ligeros y a prueba de balas”.

La intención de aportar datos como estos es sustentar la jurisdicción de la Corte Federal de Boston para revisar el caso y que no se consideren los argumentos de las empresas demandas a fin que el litigio pase a la etapa de producción de evidencia.

“Se demuestra relación causal entre las acciones de las empresas y los daños que sufre México al mostrar el número de armas de las empresas que fueron encontradas en suelo mexicano, procedentes de Massachusets”.

Como dio a conocer hoy La Jornada, el documento de la respuesta mexicana, de 46 páginas, enfatiza que las empresas de la industria armamentística estadunidense demandadas por el gobierno de México “diseñan y fabrican armas de guerra”, las cuales comercializan y venden sin cuidados y conociendo que habitualmente son adquiridas por los cárteles de la droga.

Agrega que esto tiene impactos y daños “devastadores” tanto contra el gobierno como contra los ciudadanos de México, y argumenta que los demandados “violan” tanto las leyes de Estados Unidos como las de nuestro territorio.

En información dada a conocer este martes por la Secretaría de Relaciones Exteriores –que presentó la denuncia contra las armeras en agosto del año pasado— se subraya que las empresas demandadas “no gozan de inmunidad por daños causados en territorio mexicano”.

La demanda de México alega que las compañías acusadas conscientemente violaron leyes relacionadas con armas y de protección al consumidor y que actuaron negligentemente al surtir y distribuir sus productos a vendedores que participan en el tráfico ilícito de armas.

“La política de las demandadas es vender a cualquier distribuidor que tenga una licencia federal de los Estados Unidos, independientemente de las banderas rojas que indican que burla la ley y ayuda a mover las armas de los acusados a México”, subraya la respuesta mexicana.

Agrega que las compañías señaladas fabrican y venden rifles de francotirador calibre .50 que pueden derribar helicópteros y penetrar vehículos blindados ligeros y a prueba de balas; diseñan rifles semiautomáticos para que sean fácilmente convertibles en ametralladoras completamente automáticas.

“Saben que sus distribuidores y comerciantes venden estas armas militares a granel, sin restricciones, claramente destinadas a los traficantes; también saben que los cárteles usan estas armas armas para causar daños devastadores al gobierno de México y sus ciudadanos (…) La moción de los demandados para desestimar la demanda busca la impunidad de esta conducta”, plantea México.

La representación mexicana delinea uno a uno los alegatos presentados por las empresas noviembre pasado y, con base en su respuesta presentada ayer, pide al tribunal federal estadunidense “denegar la petición conjunta de los demandados para desestimarla en su totalidad”.