La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el auto de no vinculación a proceso y el sobreseimiento de las acusaciones formuladas contra 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal, señalados de presunta corrupción que benefició a constructoras de ocho reclusorios contratadas durante el gobierno de Felipe Calderón.
Fuentes ministeriales dijeron que en la apelación, la fiscalía señaló que en su resolución el juez fue incongruente, contradictorio y hubo una falta de exhaustividad, ya que a emitir el fallo de no vinculación a proceso de los imputados, lo hizo sin la debida fundamentación y motivación que le ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin estudiar ni tomar en cuenta los datos de prueba vertidos en la audiencia, así como de una formal parcial en favor de los acusados.
Sostuvo que el juez señaló que se dan delitos de uso indebido de atribuciones, facultades y asociación delictuosa, pero sólo son continuados por las celebraciones de los ocho contratos originales firmados en 2010 y 2011 y que la última conducta delictiva se dio con la firma del último contrato, por tanto, la acción penal prescribió en 2020.
No sólo eso, sino que el impartidor de justicia dijo que no entraba al estudio de fondo de los convenios modificatorios, pues los mismos no significan que el delito sea continuado, porque no los suscribieron quienes firmaron los contratos originales, se realizaron en fechas muy posteriores y, por tanto, con los modificatorios no hay continuidad con los originales.
Por ello la FGR reiteró que la argumentación del juez es “errónea”, ya que los convenios modificatorios tienen un origen, que son los convenios primigenios, a los que se les modificó la vigencia, la fecha de entrega de las cárceles, incluso el sitio de su construcción, por tanto, los convenios modificatorios son los actos que le dan continuidad a lo ilegal de los contratos originales.
Los servidores públicos que firmaron dichos acuerdos, agregó, lo hicieron a nombre del gobierno federal en contubernio con las constructoras, ello para beneficio de estas empresas y en perjuicio del patrimonio federal.
Con la impugnación, la FGR pretende que un tribunal revoque la resolución emitida por el juez federal Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien determinó que los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa que se imputaron a tres de 17 acusados ya habían prescrito, y que el resto de los ex servidores públicos no habían incurrido en actos ilícitos, ya que los convenios modificatorios que signaron no estuvieron relacionados con el incremento en los costos de construcción de los ocho ceferesos.
