En el marco del federalismo que caracteriza al Estado mexicano como forma de organización política, en la que las entidades federativas son soberanas y están unidas mediante un pacto constitucional en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, una política criminal requiere ser integral, con la capacidad de crear, fortalecer instituciones y mecanismos que hagan frente a la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el amplio margen del flujo de recursos ilícitos que tienen su origen precisamente en estas conductas ilícitas, al mismo tiempo que continúan financiando las redes delictivas en el país, convirtiéndose en un ciclo vicioso interminable.

Así, lo necesario es combatir las estructuras financieras de estas redes criminales desde el ámbito local, con investigaciones penales y administrativas que cuenten con información de calidad. He aquí la enorme importancia de fortalecer el trabajo de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) y, de esa manera, su capacidad de generar productos de inteligencia que coadyuven con eficacia en dichas pesquisas.

México ha suscrito tratados de carácter internacional, particularmente la Convención de Viena, la Convención de Palermo y la Convención de Mérida contra la corrupción que obligan a nuestro país, no solamente a formar parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) y generar una unidad de inteligencia financiera, sino a crear mecanismos de asistencia mutua, decomisos, congelamiento de cuentas, mejorar la prevención del lavado de dinero a partir de revisión de beneficiarios finales y de personas políticamente expuestas. El GAFI dicta estándares internacionales sobre lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. México, como sabemos, forma parte del grupo.

Las recomendaciones 2 y 33 del GAFI señalan que se debe contar con mecanismos eficaces que permitan operar y entablar una coordinación a escala interna, es decir, la cooperación entre autoridades federales y a locales, así como generar estadísticas que permitan ver los resultados de los sistemas de prevención y combate al lavado de dinero en el país. México lo ha estado cumpliendo a partir de 2011, cuando se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública un acuerdo para efecto de que cada entidad federativa generara una UIPE. La metodología de trabajo es la misma que en el ámbito federal: analizar el sistema financiero y los sujetos obligados por actividades vulnerables. Las UIPE tendrían que analizar información que se encuentra en el ámbito de las propias entidades federativas. Por ejemplo, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Público de Comercio, el Catastro, el Registro Civil, datos sobre registros vehiculares, toda esa información que se encuentra en el ámbito local que permite ver quién es el beneficiario final de un acto de corrupción o de delincuencia organizada.

Pese a que desde 2011 se empezó a instrumentar este proyecto, cuando comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador existían sólo tres UIPE funcionales; por tanto, en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para el periodo 2018-2024, se estableció que era necesario el trabajo coordinado entre las UIPE y las entidades federativas para establecer o fortalecer estas Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica. Estas Unidades reciben información, la analizan y entonces pueden presentar denuncias, pueden presentar vistas a las autoridades administrativas, a las autoridades fiscales y a las electorales cuando encuentren alguna irregularidad, alguna operación con recursos de procedencia ilícita o puedan verificar o tener datos sobre un delito precedente o una falta de naturaleza administrativa. Entonces, la UIPE obtiene, analiza y disemina información; genera productos de inteligencia para las autoridades ministeriales, para las autoridades ejecutivas; presenta denuncias ante la fiscalía general del estado; se coordina con otras autoridades para hacer acciones conjuntas en el combate de lavado, y tiene la obligación de generar informes y datos estadísticos para el cumplimiento del estándar internacional.

¿Qué hay que hacer para fortalecer a las UIPE? Primero, hay que adecuar el marco normativo; segundo, hay que equipar a la UIPE con recursos materiales y humanos, puede haber aportaciones federales (de los fondos FASP), puede haber de bienes (servidores de software que permitan analizar toda la información que llega, no solamente recibirla sino analizarla, lo cual es fundamental) y por supuesto, capacitar al personal que implica homologar los conocimientos, criterios, plataformas, con especialización en materia de análisis criminal, patrimonial, fiscal y económico, así como el uso de figuras de afectación patrimonial a la delincuencia.

Hay que entender que la mayor parte de los delitos tienen un componente financiero y que, por tanto, se tiene que analizar un fenómeno delictivo con esta lógica. Otorgar un valor agregado a la información que tienen las instancias locales, agilizar la identificación del beneficiario final y agregar, evidentemente, el componente patrimonial y económico. O en otras palabras, seguir la ruta del dinero.