El 12 de octubre de 2020, la comunidad otomí residente en la Ciudad de México tomó la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tras varios años de lucha, gestiones burocráticas interminables ante el Gobierno de la Ciudad de México. Lo decidió como “repudio a la indiferencia gubernamental para atender nuestras demandas más elementales”.
En aquel momento hubo presencia en la sede del INPI recuperada del entonces secretario de Gobierno de la Ciudad de México y de funcionarios de las dependencias involucradas, quienes se comprometieron con una serie de mesas de diálogo: salud y alimentación, trabajo y justicia; educación y cultura; vivienda y derecho a la ciudad; agua, luz, drenaje, pavimentación, escuelas, mercado de artesanías, saqueo del agua y toma del pozo en Santiago Mexquititlán; democracia y libertad; megaproyectos, Madre Tierra y resistencia de los pueblos. El titular del INPI asistió a las primeras sesiones, si bien con actitud pasiva tampoco arremetió contra la comunidad otomí.
Un tema urgente fue la expropiación de cuatro predios que ocupan los otomíes desde hace más de 20 años: Londres 7, Guanajuato 200, calzada Ignacio Zaragoza 1434 y Zacatecas 74. Tras el inicio de uno de los decretos expropiatorios en los hechos se suspendió el diálogo, sin que el Gobierno capitalino así lo declarara. Por su parte, la comunidad anunció el 13 de agosto de 2021 su decisión de asumir de manera permanente el edificio del INPI y nombrarlo Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes.
La semana pasada el titular del INPI en entrevista con el diario Reforma (25/1/22), de pronto pareció recordar que existe en el edificio ocupado un importante acervo de arte indígena del cual se desconoce su estado, pues no permiten el acceso a personal especializado. Continuó señalando que “esas personas”, ya no las refiere como la comunidad, no han mostrado voluntad de diálogo y asume que no ha pagado los recibos de luz a la CFE porque no los tiene y, por tanto, no se han garantizado las condiciones microclimáticas que las piezas requieren para su conservación. Señaló: “Yo no he visto que tengan ellos la voluntad de llegar a acuerdos y de cumplirlos; he visto que hay un conjunto de pretextos para seguir apoderándose de los bienes de la institución”.
Compartió que se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por la toma del edificio, en particular de la persona que los lidera, Diego García (líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-Benito Juárez), quien, por cierto, no tiene ascendencia relacionada con alguna comunidad, con algún pueblo indígena. “Él tendrá que asumir las consecuencias, asumir una responsabilidad ante este perjuicio que está causando con el instituto, y en particular con este acervo tan importante.” Fue entrevista telefónica y hasta ahora no se ha deslindado.
La comunidad otomí respondió al día siguiente señalando que el acervo está ubicado en un espacio sellado y con candado que saben de él porque existe un libro que lo describe y en todo caso consideran que pertenece a los pueblos no a la institución y anuncian que convocarán a especialistas sobre ese tema. Emplazan a una reunión para el 4 de febrero, a fin de retomar las mesas de diálogo, al actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y a Adelfo Regino Montes, director del INPI, señalando que éste debe retirar previamente la denuncia ante la fiscalía.
Hasta ahora no hay respuesta y queda la interrogante sobre el trasfondo de esta virtual embestida, si es acuerdo del INPI con el Gobierno de la ciudad o el federal y el peor escenario es que se despliegue una acción de fuerza para supuestamente salvar el referido acervo, incluso eventualmente avalada por la fiscalía. Ante esta amenaza, la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno expresó solidaridad a los compañeros de la comunidad otomí, residente en la Ciudad de México, ante la amenaza de criminalización. A estas alturas es evidente la ausencia de voluntad política oficial para resolver las causas justas que dan origen a los movimientos de los pueblos indígenas.
Esperamos que no se sume a los agravios en curso, una agresión a la comunidad otomí, cuyo proyecto forma parte del que a escala nacional promueve la resistencia amparados por sus derechos, invisibilizados en aras de otra llamada transformación que los excluye del derecho básico a la libre determinación y autonomía. En la Ciudad de México el año pasado se realizaron celebraciones oficiales a los pueblos originarios, sí, pero no a los actuales que han resistido a contrapelo de la historia oficial. Ojalá que traten a la comunidad otomí con auténtico respeto para que la historia del presente se cubra de dignidad.
